“Nuestra carta es un grito de desesperación a las autoridades y a la sociedad”, así resumió un periodista de un medio su desesperación frente al asedio al que han sido sometidos por miembros del crimen organizado varios de sus compañeros en Iguala, Guerrero.
La carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo entre otros, se difundió en redes el 13 de octubre, y daba cuenta de los hechos que los obligó a lanzar esta alerta: “Sí las autoridades no actúan en los próximos días podría ser asesinado otro compañero”.
Desde el 5 de octubre hubo una amenaza generalizada en contra del gremio periodístico de Iguala por parte de personas que se identificaron como miembro de un grupo criminal. Esto sin mencionar por lo menos cinco incidentes ocurridos en meses anteriores.
“Con palabras agresivas a varios nos amenazaron de muerte y nos exigieron no meternos en la disputa que mantienen dos grupos del crimen organizado, y nos acusaron de que nuestra información es tendenciosa”, refiere el comunicado.
Las amenazas a las que han sido sometidos varios periodistas en Iguala antes y después del asesinato del reportero Pablo Morrugares ocurrido el 2 de agosto, han ido subiendo de tono en tan sólo dos meses.
Algunos lo han informado al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaria de Gobernación y otros por temor a las represalias no lo han hecho. El riesgo está ahí precisamente.
Varios periodistas se han visto obligados a abandonar el lugar, pero otros han decidido quedarse. “Tomar la decisión de salir no es fácil, aquí esta nuestro proyecto, nuestra familia, nuestra vida..” dice uno de ellos. Lo que se necesita es que el gobierno actúe.
Para ninguno de quienes viven ahí pueden pasar por alto que la situación violenta se ha incrementado en la zona norte del estado, pero sobre todo en los municipios aledaños a Iguala, como Tepecacuilco y Huitzuco.
Aunque Iguala sigue siendo el epicentro de la violencia no sólo para los ciudadanos, sino para el gremio periodístico que en lo que va de dos meses han sido sometidos a por lo menos seis hechos de amenaza y agresiones entre ellos el atentado del que fue objeto el periódico La Tarde el 4 de agosto, dos días después del asesinato de Pablo Morrugares.
›En este período en dos ocasiones el gremio periodístico de Iguala ha pedido la intervención de las autoridades locales y federales para que se le volteé a mirar y no se les deje solos.
Hacer periodismo en Iguala hoy representa un alto riesgo por eso “hoy no cubrimos la marcha de ciudadanos”, dice un periodista; ya no sabemos en quien confiar, las autoridades nos agreden, recibimos llamadas amenazantes en la noche diciendo “deja de estar chingando ya sabemos dónde te metes..”, nos mandan mensajes por WhatsApp. Ya no estamos tranquilos.
Alerta. Desde el 5 de octubre hubo una amenaza generalizada contra el gremio periodístico de Iguala por parte de un grupo criminal.
Iguala como otros municipios de Guerrero está a punto de convertirse, sí es que no ya lo es, en una zona de silencio, donde la información ya no sale de ahí, sus periodistas se empiezan a ir, sus medios empiezan a autocensurarse, y los ciudadanos se están quedando solos.
›Pero la violencia todos saben de dónde viene, el mismo Fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos, señaló el 1 de octubre ante reporteros, “la violencia en Iguala es por la disputa entre dos grupos Guerreros Unidos y Los
Tlacos”, incluyendo sus pequeñas células que operan ahí.
El gobierno ha dicho desde hace dos meses, en por lo menos tres ocasiones, que se ha reforzado la seguridad en Iguala, pero las cosas desde hace meses no han cambiado sino todo lo contrario, la violencia se acentúa. “¿Qué más podemos esperar?”, dice un periodista que pide reservar su nombre.
El silencio de la prensa y sus periodistas es la primera señal de alarma de que algo no anda bien en Iguala. ¿La pregunta es que sigue?.
Mientras esto ocurre en Iguala, la Cámara de Diputados y Senadores, esta mañana, contra toda advertencia, aprobaron la eliminación del Fideicomiso a través del cual se operan las medidas urgentes de Protección para Periodistas y Defensores a través del Mecanismo de la Secretaria de Gobernación.
Sabrán los 61 Senadores de Morena que esa mañana votarán la eliminación de ese fideicomiso lo que significa pedir protección del estado y no tenerla. ¿Qué respuesta le darán esos Senadores a estos periodistas y sus familias?, ¿Qué alternativa les dejan a quienes hoy miran con gran incertidumbre lo que les espera, frente al silencio del Estado?