Foto Enrique Peña Nieto/FacebookRedacción ejecentral
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales pidió revisar y limitar para ajustarlas a la realidad que vive el país actualmente para que se pueda convertir en un tribunal que sólo resuelva los casos más relevantes.
“Se impone una reflexión impostergable de revisión de la ley, de las competencias en materia de legalidad de nuestro Tribunal Constitucional, explicables en el contexto de hace más de 20 años, pero desfasadas a la luz de una nueva realidad social, que exige herramientas legales, modernas y eficaces que aseguren a la Suprema Corte el papel que corresponde en el entramado constitucional y jurídico de nuestro país”, dijo Aguilar Morales.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, los líderes de ambas cámaras del Congreso y miembros del Gabinete, el magistrado señaló que las competencias en materia de legalidad que se otorgaron a la Corte eran justificables hace más 20 años pero hoy están desfasadas.
Recordó que hace siete años la Corte recibía poco más de 4 mil 460 asuntos en todo el año, sin embargo, para este año fueron recibidos 16 mil 139 asuntos.
“Debemos buscar respuestas para solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir el trabajo de esta Suprema Corte; puesto que la función jurisdiccional es vocación plena que las Ministras y Ministros, y con esa convicción, a esta fecha hemos resuelto más de 12 mil 600 asuntos en el periodo.
“Empero, entre más amplias son las tareas asignadas por el legislador a los tribunales constitucionales, menos oportunidad hay para que los jueces que los integran, reduzcan la brecha entre ley y sociedad, y llenen de contenido los valores y principios que de la Constitución emanan”, sostuvo.
Sobre críticas a nuevo sistema penal
El presidente de la Corte, Aguilar no soslayó las críticas que provoca el nuevo sistema penal que, combinado con los cambios en materia de derechos humanos. “Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional. No podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma Constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, afirmó el Ministro. " (Los juzgadores federales) no son indiferentes a la problemática del país ni evaden sus responsabilidades, pero más allá de lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable sino hasta que así se demuestre siguiendo el debido proceso legal, y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente que así lo determine” sostuvo. RB