Al señalar que, con el caso de Ayotzinapa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “se juega la credibilidad de las instituciones”, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) urgió el investigar el origen y los responsables de las pruebas inválidas que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez presentó en su último informe al frente de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, los expertos independientes confirmaron que al menos 118 de las más de 400 capturas de pantalla —equivalentes al 40% de los supuestos mensajes que el subsecretario Encinas dio por válidos e integró en el informe que él y el presidente López Obrador presentaron a los familiares de los normalistas—, se trataron de “evidencia inconsistente”, que “no puede ser considerada como tal en un proceso judicial”, señaló Claudia Paz y Paz, una de las integrantes del GIEI.
Aunque descartaron que dicho informe de la Comisión, presentado el pasado 18 de agosto, tenga relación con la indagatoria que lleva la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la FGR para el caso Ayotzinapa, el organismo reiteró como “fundamental” el hecho de investigar “las circunstancias irresponsables” y el cómo fueron obtenidas esas evidencias.
Tras confirmar que los mensajes en los que Encinas Rodríguez asentó las acusaciones públicas que hizo en contra de elementos del Ejército “no pueden considerarse como una prueba digital”, Francisco Cox señaló que los resultados del peritaje informático forense sobre esas pruebas confirmaron que las capturas no se obtuvieron de los celulares que supuestamente fueron utilizados, además de que varias de las imágenes se generaron antes de haberse originado y enviado los mensajes, por lo que no fue posible conocer la fuente original.
El haberlos presentado como una evidencia viable, señaló Cox, “es una torpeza y una precipitación” que trae consigo implicaciones mayores, las cuales además de afectar la confianza de los familiares y la sociedad en general en las instituciones, genera un alto riesgo de impunidad que podría escalar a una “crisis política, cuestionamientos, movilizaciones, así como el descrédito y desconfianza frente a las instituciones”, advirtió por su parte Carlos Martín Beristain.
En ese sentido, el experto, quien junto con Ángela María Buitrago son los dos integrantes del GIEI que mantendrán el seguimiento y la asistencia técnica sobre el caso, siempre y cuando las autoridades procuren dar una respuesta a los familiares y a la sociedad en general, pero “sin esconder, minimizar o alterar investigaciones ya de por sí complejas y difíciles”, condenó los intentos por “manipular la investigación y esconder pruebas”.
Una FGR sin brújula
Al insistir que la Unidad Especial de la FGR, cuya titularidad asumió Rosendo Gómez Piedra, tras la renuncia de Omar Gómez Trejo, sufrió un retraso de entre tres a cinco años de los avances alcanzados, el GIEI reiteró su crítica sobre las decisiones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en detrimento de las judicializaciones pendientes en la investigación.
El GIEI insiste en que volverá a presentar a la unidad especial y al nuevo fiscal especial del caso toda la evidencia existente para dichos procesos de judicialización, incluyendo casos que han sido desestimados por orden del propio fiscal general, y que conllevaron al desistimiento de varias órdenes de aprehensión”, subrayó Ángela Buitrago.
Sin embargo, el hecho de que el titular de la FGR “no conoce la profundidad y la complejidad de la investigación”, como advirtió Paz y Paz, incrementa el riesgo de que no se fortalezcan las pruebas para solicitar y cumplimentar las órdenes de aprehensión pendientes, pues el plazo de 90 días que desde agosto corrió para la unidad especial vence a mediados de noviembre.
“En un momento tan determinante, perder la capacidad instalada es un grave riesgo para el caso y tendrá consecuencias negativas en el mismo”, alertó Buitrago, quien reiteró que hay información “clave” por parte de los sistemas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que no han sido entregados; no obstante, al compromiso que el presidente López Obrador hizo con el grupo de expertos a fin de que tengan el “acceso a toda la información”.
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