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Redacción ejecentral

La Comisión Anticorrupción en el Senado solicitó a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Irma Eréndira Sandoval que presente un informe detallado sobre la investigación que la dependencia a su cargo inició desde mayo pasado en contra de Carlos Lomelí, ex delegado federal en Jalisco.

Según el senador Clemente Castañeda, presidente de esta comisión, el inicio de las investigaciones el año pasado fue solo una simulación y un rotundo fracaso en términos de lo que “ellos (el Gobierno federal) denominan combate a la corrupción”.

En sesión de la comisión aseguró que “O la Secretaría de la Función Pública no hizo bien su trabajo, porque no tenía las pruebas contundentes para avanzar en el caso y entonces sí hacer efectiva la inhabilitación, o está actuando, como ya lo hizo en el caso Bartlett, en complicidad con los funcionarios a quienes el Gobierno federal quiere proteger”.

Y es que desde mayo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la SFP investigaba al ex funcionario por tener una red de farmacéuticas que fueron beneficiadas con contratos millonarios.

Tras la renuncia de Lomelí el 12 de julio de 2019, Eréndira Sandoval aseguró que hay siete líneas de investigación. Hace unos días, en la conferencia matutina, reiteró la presencia de dichas indagatorias y aclaró que hay dos empresas vinculadas al ex delegado en Jalisco que han sido inhabilitadas.

Sin embargo, hoy Reforma publicó que una de las empresas de Carlos Lomelí libró la inhabilitación impuesta por la SFP, esto a pesar de que la dependencia aseguró que el ex funcionario incurrió en una falta administrativa grave.

De acuerdo con el diario mencionado, la inhabilitación de Laboratorios Solfrán se consolidó el 13 de septiembre de 2019 por un periodo de dos años y seis meses para celebrar contratos con la Administración Pública Federal, a lo cual se suma una multa de un millón 51 mil pesos.

No obstante, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgó a esta empresa una suspensión definitiva ante la inhabilitación, con lo que participó en la licitación, consecuencia de la cual, le fue otorgado un contrato por 128.6 millones de pesos por la compra de medicamentos, cuya adquisición fue realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). CJG

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