El diputado federal por Morena, Agustín García Rubio, presentará un punto de acuerdo para exhortar a a Unidad de Inteligencia Financiera y al órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a investigar a Luis Arturo Castañeda Rebolledo, ex titular de la Unidad de Legislación Tributaria, quien fue contratado como socio en PricewaterhouseCoopers (PWC).
De acuerdo con el documento, inscrito en la Gaceta Parlamentaria para la sesión de mañana, Castañeda Rebolledo tuvo su primera participación en un acto público de la firma durante la realización de la Agenda de México 2020 (USMCA/T-MEC, Outsourcing & Tax Reform).
García Rubio, diputado por Morena, arguye que la contratación de Arturo Castañeda en la firma podría tratarse de una presunta violación de la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que establece un plazo de10 años para que un exfuncionario público de alto nivel desempeñe un puesto en empresas privadas luego de dejar su cargo.
EjeCentral documentó la aparición del ex funcionario, con 21 años de carrera en el servicio público, en la firma lo que abriría a puerta para una sanción no sólo administrativa, sino una posible revisión desde la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, a la posibilidad de que la relación entre el ex servidor y la consultora pudiera haberle otorgado beneficios aún mientras desempeñaba un puesto de alto nivel en Hacienda.
“Luis Arturo Castañeda Rebolledo, se menciona en los diversos artículos publicados que trabajó 21 años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el área de la Unidad de Legislación Tributaria, que tiene nueve tareas sustanciales para la secretaría, recibe información sensible y diseña la estructura que permite la operación de la administración pública”, según el punto de acuerdo que será sometido a votación.
García Rubio aseguró que en San Lázaro, Morena apoya la iniciativa del Presidente para evitar que los conocimientos y experiencia adquiridos durante el servicio público “se conviertan en precursores de la defensa de aquellas empresas que traen asuntos que puedan derivar en un perjuicio de las instituciones del país”.
De contar con el respaldo de la mayoría, habrá un exhorto a la UIF y al órgano interno de control de Hacienda, sí como a la Comisión Federal de Competencia.