“En el gobierno de la llamada 4T no son afectos a la negociación, no les gusta; como pruebas evidentes están la cancelación de los fideicomisos y el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Les gusta imponer decisiones a nombre del pueblo, no les gustan los organismos de consulta ni de participación libre ni los contrapesos”.
Eso dijo Rafael Loyola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en una conferencia de prensa con representantes de diversas instituciones académicas para comentar sobre las características que debería tener una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación que el Congreso deberá promulgar antes de que termine el año.
Loyola, entre otras cosas, comentó que esta ley debería ser federalista y no centralista y debería contemplar la consulta, la participación y los contrapesos en las decisiones y la evaluación.
En México sabemos iniciar el ciclo virtuoso que convierte dinero y tiempo en conocimiento, comentó Tonatiuh Ramírez, director del Instituto de Biotecnología de la UNAM, pero no sabemos usar la innovación para regresarlo en forma de
beneficios tangibles para las sociedades. En eso “interviene el sector productivo y tiene que estar plasmado en la ley”.
Para apegarse al artículo 3o constitucional, dijo Alfredo Sánchez Castañeda, titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, la ley debe “apoyar y no limitar la ciencia; garantizar la ciencia y no condicionarla; busca proveer recursos, no disminuirlos; buscar alentar la investigación científica y no inhibirla”.