CNDH urge al Estado a recobrar funciones

Los movimientos de autodefensa en Michoacán evidenciaron un abandono a la población así como la desesperación de la sociedad, valora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que se proclama por la desaparición de estos grupos ya que no representan solución alguna a los problemas de inseguridad que aquejan al país.

De acuerdo a un informe presentado hoy, la CNDH advierte que con la presencia de autodefensas se violentan los derechos humanos de la población del estado de Michoacán, la seguridad y la paz pública, así como la seguridad e integridad personales, la propiedad y acceso a la justicia, así como a derechos sociales como la educación.

En su “Informe especial sobre los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto”, dirigido a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobierno del estado, al Congreso de la entidad y a los Ayuntamientos de Michoacán, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión asegura que el Estado y sus instituciones no pueden ser omisos o indiferentes ante la presencia de fuerzas civiles, ya que el deber de proporcionar seguridad a las personas y hacer efectivo el acceso a la justicia corresponde única y exclusivamente al Estado.

El Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que, por graves que sean las circunstancias, el Estado no puede ceder o negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias y enfatizó que, para evitar que estos hechos se repitan, se deben atender a la brevedad las condiciones de precariedad, exclusión y desigualdad que propiciaron que se presentara este problema.

Precisó que hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las michoacanas y michoacanos es, sin lugar a dudas, la vía más segura para evitar que situaciones como las tratadas en este Informe Especial se presenten en el futuro.

Con el informe, la Comisión Nacional formuló 55 propuestas dirigidas a las instancias mencionadas, de las cuales 16 están relacionadas con la procuración de justicia, 16 con la seguridad pública, 4 con educación, 11 con programas sociales y culturales, además de 8 con atención a víctimas y reparación del daño. A la PGR se le formularon 7 propuestas, 5 a la Comisión Nacional de Seguridad, 24 al Gobierno del Estado, 4 al Congreso estatal, 12 a los Ayuntamientos y 3 a la CEAV.

Destaca la petición a la PGR a realizar un diagnóstico de la procuración de justicia federal en la entidad y reforzar las agencias del Ministerio Público; investigar denuncias de víctimas de los “caballeros templarios” y de las autoridades que estuvieron en connivencia con ellos, así como determinar la licitud del financiamiento de los grupos de autodefensa.

A la CNS, solicitó coordinar trabajos con autoridades federales de seguridad pública, trabajar con autoridades estatales y municipales para restablecer la seguridad y la prevención del delito, así como evitar la tolerancia en la conformación y operación de grupos de ciudadanos armados.

Al Gobierno del Estado se le propone elaborar el diagnóstico que guarda la Unidad de Fuerzas Rurales de la Secretaría de Seguridad Pública, poner en marcha el programa de supervisión y control de la misma, investigar acusaciones contra integrantes de grupos de autodefensa sobre infiltración de la delincuencia organizada, así como investigar la desaparición de personas reportadas, que incluya ubicación de fosas clandestinas y exhumaciones, así como presentar iniciativa de ley para tipificar el delito de desaparición de personas.

El Presidente de la CNDH resumió que las acciones realizadas para este Informe Especial se encuentran recopiladas en 58 tomos, con 28 mil 445 fojas, cuyo contenido se desglosa en 640 visitas de trabajo, 2,858 testimonios y entrevistas recabadas, 3,027 víctimas, 19,685 fotografías, 58 videos, 659 entrevistas y atenciones psicológicas, 150 atenciones médicas, 177 solicitudes de información a distintas autoridades y la emisión de 3 medidas cautelares.

“Es el Estado quien debe proveer la seguridad, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada. Es necesario que el Estado recobre las funciones que había abandonado”, aseguró.

La Comisión Nacional reconoce que el movimiento de las autodefensas en Michoacán ha encontrado cauces tendentes a su desarme, legalización y reintegración, sin embargo hay pendientes en materias de justicia, verdad y reparación para recobrar plenamente la seguridad en la entidad.