De las 150 denuncias que recibió la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades en las pasadas elecciones del 1 de julio ninguna tiene relación con responsabilidades u omisiones de servidores públicos, así lo confirmó el José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP.
Hasta el momento no hemos recibido una sola denuncia formal, por supuesto, donde se atribuya que algún servidor público haya incurrido, por ejemplo, en cohecho, en abuso de funciones, en tráfico de influencias, o de algún particular, como por ejemplo candidatos a elección popular”, señaló el Carreño Camacho.
Tras informar que la cantidad de 150 denuncias refleja un “número bajo” respecto a otros procesos electorales, el subsecretario de la dependencia federal sostuvo que las acusaciones recibidas a la fecha no tienen que ver con incumplimiento de obligaciones o faltas administrativas, sino con conductas delictivas, por lo cual fueron turnadas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
En el marco de la presentación del libro: “Monitor democrático 2018. Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-coacción jurídica”, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX), el subsecretario José Gabriel sostuvo que el consenso de legitimar las instituciones públicas democráticas ha sido desde la sociedad; y no del gobierno, a través de la amenaza de imponer sanciones a servidores públicos que no cumplan su obligación.
El funcionario recordó que la Secretaría de la Función Pública recibe denuncias contra servidores públicos a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) en la página de la dependencia, y en ella se reciben quejas y denuncias de ciudadanos y servidores públicos que considere que alguien comete una falta administrativa.
La presentación de dicho libro estuvo cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Colegio de Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX), conjunta ensayos, análisis y estudios en materia de la democracia electoral.
Durante la presentación, el consejero Marco Antonio Baños mencionó que el pasado proceso electoral se puso a prueba un modelo que proviene de la Reforma de 2014, el cual requiere revisarse en su diseño y las normas que lo rigen. Al respecto, puntualizó que entre las revisiones que deben realizarse está la relación entre el órgano electoral y los organismos públicos locales, la casilla única, la reelección en 20 estados y las candidaturas independientes.
“Todas las instituciones electorales estarán sujetas a una revisión en cuanto a los procedimientos que utilizan y, particularmente, de los recursos que invierten”, advirtió el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del instituto.
Al respecto, señaló, el INE se ha pronunciado de manera definitiva por encontrar un mecanismo más racional de uso de recursos, añadió, “pero eso nos llevará a revisar muchos candados que se han venido construyendo a lo largo de los años para garantizar certeza en las elecciones”.