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Redacción ejecentral

La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) expresó su preocupación por las descalificaciones que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emitido en contra de la CNDH.

Recientemente el mandatario acusó que el organismo nacional no tiene autoridad moral porque fue cómplice de gobiernos anteriores que violaron las garantías de los ciudadanos.

La FIO consideró que tales descalificaciones derivan en vulneraciones al Estado Democrático y de Derecho, además dejan en condiciones de indefensión a la población más desprotegida y; ponen en riesgo todo el sistema de libertades ganado a tan alto precio por la comunidad internacional.

A través de un comunicado, la Federación solicitó «a las autoridades mexicanas que actúen de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por ese Estado a largo plazo, a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que resulta palpable y evidente el beneficio que brinda para la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad; así como para la vida democrática en México».

La Federación Iberoamérica de Ombudsman recordó que, durante la revisión del Tercer Examen Periódico Universal, el pasado 14 de marzo de 2019, ante el Consejo de Derechos Humanos, el Estado Mexicano aceptó la recomendación: “Fortalecer las capacidades y la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, lo cual fue reiterado el 30 de abril de 2019, por la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en una carta dirigida al Sr. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, en relación a las recomendaciones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), y en la que de manera particular alienta al Gobierno de México, a “Mejorar las capacidades y la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las 32 Comisiones estatales de Derechos Humanos”.

Lo anterior implica para el gobierno mexicano, el brindar a la CNDH en su carácter de Institución Nacional de Derechos Humanos, recursos presupuestarios suficientes e independientes, adecuados a la necesidad de garantizar el cumplimiento pleno, independiente y efectivo de sus responsabilidades y funciones; además de brindar inmunidad funcional respecto a las actividades y palabras, orales o escritas, realizadas en su función al servicio de la institución; y abstenerse de adoptar cualquier acción que tenga por objeto, o por resultado, la supresión de la institución o que impida su funcionamiento efectivo, y la proteja eficazmente de tales amenazas, señaló la Federación a través del documento.

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