Inconsistencias y mal manejo de recursos que causaron un posible daño al erario, duplicidad de beneficiarios en proyectos del campo, falta de documentación en el otorgamiento de becas escolares y deficiencias en la adjudicación de insumos para el sector salud fueron algunas anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la administración de recursos para programas sociales como parte de la segunda entrega de informes individuales de fiscalización a la cuenta pública 2016. Entre los resultados, en los que la ASF pide a la Secretaría de la Función Pública que, mediante los órganos internos de control, investigue las posibles irregularidades de funcionarios públicos y privados, en el programa de Apoyo a la Vivienda por parte del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares que administra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por mil 792 millones 645 mil pesos. El documento presentado el pasado martes ante la Cámara de Diputados, por el auditor Juan Manuel Portal, coloca nuevamente en primer lugar, por posibles daños al erario público, a los gobiernos estatales; en segundo lugar, al sector económico; en tercero al de desarrollo social, y en último al de gobierno.
Impacto al desarrollo
En cuanto a los programas sociales, los más afectados fueron de vivienda y el campo. De acuerdo con el dictamen de la ASF, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y la Sedatu no cumplieron con las disposiciones legales y normativas en el Programa de Apoyo a la Vivienda, ya que al 30 de junio de 2017 no se habían iniciado o estaban en proceso de construcción 86 mil 891 acciones de vivienda por mil 792 millones 645 mil pesos, que representa el 63.5% de las acciones del programa que no se ejecutaron. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fue otra de las entidades que evidenciaron inconsistencias en el manejo de recursos que buscaban beneficiar a productores del campo y a mujeres. En el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete), la ASF detectó ausencia de mecanismos de control y operación en la aplicación de recursos, a tal punto que se duplicaron las entregas, no comprobaron su aplicación y hasta un funcionario público se benefició. El posible daño al erario alcanza 32 millones de pesos.
En Jalisco, Campeche, estado de México y Zacatecas hubo daño al erario por 254 mdp en proyectos del campo.
En el Programa de Concurrencia de Entidades Federativas sobre proyectos productivos para el campo, a tal grado es el desaseo encontrado por la ASF que los recursos les fueron entregados a personas ya fallecidas y hasta se simularon obras, como la construcción de una bodega. El posible daño al erario supera los 56 millones de pesos. El caso más grave se registró en Jalisco, por 28 millones 196 mil 863 pesos, al encontrar que de 83 proyectos incluidos en dicho programa sólo en 70 planes los usuarios pudieron acreditar el beneficio, y el resto “no garantizaron el cumplimiento de los criterios de transparencia, control y rendición de cuentas que deben observarse”. Tras una revisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las facturas totales de los proyectos del campo en Jalisco, Campeche, estado de México y Zacatecas se detectó un daño al erario por 254 millones de pesos. El descontrol entre organismos gubernamentales llevó a los gobiernos de Baja California, Campeche, Morelos, Tabasco y Yucatán a duplicar los apoyos para 10 productores de los Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Modernización de Maquinaria y Equipo y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). Lo mismo sucedió en Chiapas y Nayarit, donde los apoyos se duplicaron a 104 productores que recibieron equipos tecnológicos para generar maíz y frijol por más de 500 millones de pesos.
Fallas en salud y educación
El control interno del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre los recursos aplicados para la adquisición de materiales de titanio para los hospitales y clínicas es “insuficiente” debido a que el instituto pagó 24 millones 531 mil pesos, en 24 unidades médicas, por utensilios de ese material que no se utilizaron por cancelación de intervenciones quirúrgicas. Y el organismo erogó más de cuatro millones a un proveedor que no entregó los materiales estipulados en la licitación ganada. Mientras que en el sector educativo, el Instituto Politécnico Nacional a pesar de haber cumplido con las disposiciones de administración de 494 millones 751 mil pesos por “Erogaciones por Servicios y Subsidios para Becas”, la ASF señaló el retraso de pagos a beneficiarios y falta de transparencia en el manejo de recursos, porque la muestra auditada dictaminó que existieron “deficiencias en el proceso de pago de las becas y falta de documentación justificativa y comprobatoria” en 631 casos del programa Beca Manutención y Apoya tu transporte. Lo mismo ocurrió con otros 688 beneficiarios de la beca “institucional” y de “Transporte”, por lo que existen irregularidades totales por 15 millones 403 mil pesos. Aunque el IPN aseguró haber entregado 139 mil 800 pesos a 37 beneficiarios en 2016, “no se tiene evidencia de la entrega de las tarjetas de pago respectivas”, concluyó la ASF.