El chapulineo a empresas privadas se prohibió. Y es que de acuerdo con la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados, ningún alto funcionario público podrá ocupar en una década un puesto en la iniciativa privada en sectores en los que haya participado durante su vida pública y de la cual haya accedido a información privilegiada.
Con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención el pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión avaló el dictamen de ley que ahora será turnada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La ley también prohíbe que se constituyan fideicomisos en materias de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, con la excepción de que dichos fideicomisos estén previstos en ley, decreto o tratado internacional.
Las dependencias de la administración pública federal, además, sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual además contará con un sistema de información de fideicomisos, mandatos o contratos análogos que manejen recursos públicos.
Otra de las obligaciones que quedaron asentadas en la Ley de Austeridad Republicana es que los servidores públicos no podrán recibir regalos, pagos o viajes que beneficien a su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
Además no podrán contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, separación individualizada o colectiva. Ni adquirir seguros de gastos médicos privados ni de vida.
Por ley, sólo los titulares de las Secretarías del poder ejecutivo contarán con secretario particular y sólo se permitirá la asignación de chofer para subsecretarios y superiores. También quedaron prohibidas las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no tengan facultades contempladas en la ley o reglamento.
De acuerdo con la nueva ordenanza, se canceló toda duplicidad de funciones en las unidades de la administración federal, salvo las realizadas por las unidades de Igualdad de Género. Por otra parte, asienta la Ley de Austeridad Republicana, la contratación de consultoría o asesoría con despachos externos se realizará únicamente cuando éstas no puedan realizarse con el propio personal del gobierno federal.
En cuanto al uso de autos se prohibió la compra o arrendamiento de vehículos de lujo o cuyo valor comercial supere los 367 mil 278 pesos para el transporte y traslado de los servidores públicos. Además se vedó la posibilidad de remodelar oficinas con fines estéticas o comprar mobiliario de lujo, así como derrochar en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el presupuesto.
Para dar seguimiento a las políticas de austeridad, la ley mandató la creación de un Comité de Evaluación que informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre el impacto presupuestal de las medidas y sobre el destino del ahorro obtenido. La ley establece que los ahorros generados se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino “que determine el titular”. RB