Comunidades indígenas de Campeche obtuvieron una suspensión provisional en contra de la construcción del Tren Maya, luego de que interpusieran un amparo en contra del proceso de consulta el cual les fue otorgado el pasado 14 de enero en por el Juzgado Primero de Distrito de la entidad.
A través de un comunicado, los pueblos Maya Peninsular y Ch’ol aseguraron que el proceso de consulta realizado en diciembre del año pasado en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas fue simulada y fraudulenta, pues no recibieron información detallada y los foros se llevaron a cabo de manera unilateral.
El amparo concedido obliga a las autoridades a que “se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta que se resuelva la suspensión definitiva”.
La abogada de los pueblos indígenas, Elisa Cruz Rueda indicó que la consulta no respetó el derecho a la participación de todos los ciudadanos y, además, acusó que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado la aprobación del Tren Maya previo a la consulta.
Para este amparo también se recriminó que la consulta no tomó en cuenta la organización y método de toma de decisiones de la comunidad, pues para votar se les entregó una papeleta para depositarla en las urnas con su decisión.
Asimismo, la denuncia asevera que para este proceso consultivo no se tomaron en cuenta los estándares internacionales marcados por el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente, de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el amparo se señala como responsables del proyecto a AMLO, así como a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; y al director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Las comunidades indígenas pidieron en el comunicado, que otras organizaciones y pueblos se unan para el trámite de amparos que documenten las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo durante el proceso consultivo realizado en los cinco estados por los que el Tren Maya atravesará. CJG
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