El pasado 5 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones resolvió reconocer el derecho al medio ambiente como un derecho humano fundamental, decisión avalada con 43 votos a favor y 4 abstenciones. Momento muy simbólico que se acompañó con la creación de un relator especial para la protección de los derechos humanos frente a las consecuencias del cambio climático.
¿Qué es lo que fue aprobado? La resolución señala en primer lugar, que se “Reconoce el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos”. En otras palabras, no solo se afirma el derecho humano a disfrutar del medio ambiente en lo general, sino que se vincula a una serie de parámetros que permitan identificar la calidad del ambiente al que en realidad se tiene acceso o los grados de degradación que padece.
De esta forma, los Estados tienen ahora la obligación de diseñar e implementar políticas ambientales de acuerdo con estos criterios y los mecanismos jurídicos para que las personas y comunidades puedan actuar legalmente ante su incumplimiento.
Cabe destacar que el artículo 4º. Constitucional reconoce que toda persona tiene derecho al medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, aunque paradójicamente, desde 2012, año en que se incorporó esta redacción, el presupuesto para el sector ambiental ha sido reducido a niveles por encima del 60%. Y no podemos engañarnos, sin recursos no hay forma de generar las capacidades institucionales necesarias para garantizar el disfrute efectivo del derecho al medio ambiente sano.
Pero en segundo lugar, la resolución “Observa que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos que son conformes al derecho internacional vigente”, lo cual tiene implicaciones adicionales. La resolución del Consejo de Derechos Humanos implica las actividades humanas deben ser reguladas para garantizar un medio ambiente sano, pero de igual forma, se reconoce que la degradación ambiental impacta negativamente en el disfrute de otros derechos como a la salud, la alimentación o la vida.
En otras palabras, se está reconociendo internacionalmente a los denominados “derechos ecologizados”, esto es, derechos no son necesariamente ambientales que sin embargo tienen un componente ambiente indispensable para su interpretación efectiva.
La resolución se complementa con el llamado a los Estados a desarrollar capacidades y adoptar políticas ambientales para proteger el medio ambiente, garantizar el respeto a los humanos, así como aumentar la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas en la materia. Lo cual es la clave para que el derecho al medio ambiente sano ahora reconocido se haga realidad: que los países inviertan recursos suficientes para el desarrollo de políticas ambientales y la generación de capacidades institucionales.
La resolución es histórica en tanto supone reconocer la gravedad de la crisis ambiental global y la necesidad de vincular el disfrute de los derechos humanos a las condiciones adecuadas y sostenibles del medio ambiente en el que viven las personas. Esto a su vez, permitirá dar seguimiento puntual a la forma en que los Estados toman acciones para respetar la integridad de los ecosistemas y, con ello, evitar que los daños a los ciclos y procesos naturales multipliquen los riesgos y los niveles de vulnerabilidad de las comunidades humanas.
Hasta ahí todo bien, el Consejo de los Derechos Humanos cumplió con su obligación, a partir de ahí comienza lo verdaderamente complicado, el que los países miembros de las Naciones Unidas cumplan con la resolución y diseñen e implementen políticas ambientales nacionales y regionales ambiciosas, medibles, verificables y reportables. Porque con muchas declaraciones bien intencionadas, acuerdos grandilocuentes e infinitas cumbres ambientales que no se cumplen, y que muchos no tienen intención de cumplir, se ha terminado por empedrar el camino de nuestra pesadilla ambiental contemporánea.