El sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto comenzó su irreversible proceso de descomposición en 2014 y muy especialmente como resultado del reportaje que destapó el escándalo de la Casa Blanca. Solo unos meses antes, el ataque y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa había dañado profundamente la imagen del gobierno a nivel nacional e internacional, pero el escándalo de la Casa Blanca, sumado a una estrategia de comunicación social burda y errática terminó por destruir la credibilidad pública del presidente y estableció el marco político desde el cual se interpretaron posteriormente las acciones, las intenciones, el discurso y las omisiones de su gobierno.
A principios de 2014, el gobierno de Peña Nieto difundía una imagen triunfalista de cambio y transformación, de decisiones políticas exitosas luego de las negociaciones del Pacto por México y su materialización en reformas largamente postergadas. En unos cuantos meses la autoconfianza expresada en la portada de Time y su mensaje Saving Mexico, se tradujo en un colapso en la credibilidad del presidente hasta niveles anteriormente no vistos en las encuestas.
A partir de ese momento, y ante el pasmo oficial, las acciones de gobierno, los errores y las omisiones se observaron a través del crisol la corrupción y el tráfico de influencias. En el recuerdo queda la imagen de un gobierno tan arrogante como incapaz de entender la crítica social y las razones por las que se colapsaba su credibilidad, un presidente que reclamaba aplausos mientras se convertía en inspiración de memes.
Durante la primera mitad de este sexenio, el gobierno pudo resistir el daño causado por sus propios errores, escándalos o la tétrica contabilidad de muertos por la pandemia, gracias al peso de la imagen y credibilidad que conserva López Obrador. Lo ocurrido el lunes por la noche, el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro no puede leerse como un problema público u otro escándalo más. El gobierno de López Obrador enfrenta estos días su propio “momento Casa Blanca”, un punto de inflexión política que puede afectar irreversiblemente la popularidad personal del Presidente y la credibilidad de su gobierno.
Esta vez las cosas son diferentes. Las acciones y omisiones del gobierno serán evaluadas de aquí en adelante a partir del filtro del colapso de la Línea 12, porque el daño acumulado al Metro involucra directamente a servidores públicos que participaron en la construcción de esta línea, al gobierno actual en tanto responsable de garantizar el mantenimiento y las reparaciones de daños previamente documentados y denunciados por ciudadanos, pero también al gobierno y los legisladores que han hecho suya una austeridad irracional que ha reducido el presupuesto para el Metro aún a costa de la seguridad de los usuarios. En esta ocasión no es posible señalar los pecados o las irresponsabilidades del pasado neoliberal, simple y sencillamente porque líderes de Morena son actores protagónicos de un pasado marcado por la corrupción y la negligencia en la Ciudad de México. Esta tragedia enmarca el pasado y presente de Morena y dejará una marca indeleble en su futuro.
Nuestro país no puede seguir acumulando víctimas como resultado de negligencia y la corrupción. La pregunta es si el gobierno será capaz de entender las consecuencias políticas de la tragedia y actuará para corregir el curso y evitar el mismo tipo de descomposición que lastró al gobierno de Peña Nieto. Lo peor que puede ocurrir es que intente evitar la rendición de cuentas y se proteja a los responsables, envolviéndose en las mismas narrativas y distractores, declaratorias de buenas intenciones o señalamientos sobre la perversidad de los adversarios o los medios de comunicación. Continuar en la misma línea del no entienden que no entienden, sólo tendrá mayores costos políticos, económicos y sociales para nuestro país. El nombre del juego se llama responsabilidad política.