La pandemia provocada por el virus Covid-19 ha abierto la puerta a discusiones sobre lo que será el mundo los próximos meses, el alcance de sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Es difícil saber a qué se va a parecer el mundo a finales de este año, aunque lo que parece inevitable es que difícilmente habrá un regreso a la normalidad, al estado de cosas al que estábamos acostumbrados.
Entre los diferentes aspectos que comienzan a debatirse destaca el rol y la función del Estado. Después de décadas en las que la política dominante se caracterizó por una lógica de menos Estado y más mercado, la mano invisible como factor regulador por encima de las instituciones, en estos meses comienza a quedar claro que en realidad se necesitaba más Estado que el que dictaba la ortodoxia económica, que siempre si era muy necesario contar con servicios públicos universales de calidad.
La llamada a repensar y reconstruir al Estado puede tomar dos formas, por un lado, la afirmación de democrática de instituciones más efectivas e incluyentes, por otro lado, la reivindicación de un “momento hobbesiano” que, ante la magnitud de la tragedia sanitaria y el colapso económico, gobierne con mano dura y mayor control de las personas y movimientos.
El debate sobre la función y alcance del Estado es importante, de hecho, se nos comienza a imponer ante la tentación de líderes políticos de usar los mecanismos de emergencia para consolidar su poder personal. Sin embargo, discutir qué tipo y cuánto Estado requerimos por sí mismo no tiene sentido, lo tiene solo dentro de una discusión más amplia sobre la trasformación del espacio de lo público después de la pandemia. Poner el acento en el Estado es limitarse a uno y solo uno de los elementos de lo público que tendríamos que estar reconsiderando.
Discutir el futuro después de la pandemia desde la perspectiva de un regreso y reinvención de lo público, implica analizar cuatro factores, y no solo al Estado: acción, deliberación, razón y sustentabilidad. La acción pública refiere al sentido que deben tomar el Estado y sus instituciones, es cierto, pero de igual forma supone poner el acento en la reconfiguración de la idea de ciudadanía, definir nuevas formas de cooperación social, evaluar la igualdad de oportunidades en la dotación y acceso a bienes públicos, así como la inclusión de todas las personas como miembros plenos de la comunidad.
La deliberación pública refiere a la posibilidad de participar como miembros iguales en la definición de los asuntos públicos usando la voz ante las instituciones y nuestros conciudadanos, pero también involucra un discurso público desde el poder que no tenga como intención primera manipular emociones o distorsionar el sentido de los procesos políticos y las decisiones públicas. Mientras que la razón pública, fundamento de la acción y deliberación públicas, supone tener la capacidad como ciudadano de reflexionar los asuntos públicos y sus consecuencias o de comprender el sentido de diferentes principios democráticos o de lo justo que se deliberan y disputan como parte de una sociedad plural.
Ninguna concepción o regreso a lo público puede hacerse hoy sin integrar una perspectiva coherente de sustentabilidad. La crisis ambiental global nos obliga a asumir nuestra responsabilidad política en la destrucción de ecosistemas y especies, pero fenómenos como el cambio climático involucran riesgos de eventos catastróficos para las comunidades humanas, en especial las más pobres y las previamente vulnerables por sus condiciones de desigualdad y marginación. Riesgo de eventos catastróficos que, después de la experiencia de la pandemia, es inadmisible desde cualquier punto de vista.
Más que un “momento hobbesiano” en el que la necesidad de un Estado fuerte parezca inevitable, estamos ante la necesidad de reconstituir el sentido de “lo público”. En realidad, los tiempos demandan un “momento arendtiano-rawlsiano”, en el que la vida ciudadana activa en el espacio público se acompañe de principios de justicia e igualdad de oportunidades.