La Fiscalía tiene en sus manos tres investigaciones clave para comprender el alcance de las redes de corrupción y el abuso de autoridad en nuestro país y, lo que es más importante, para sentar un precedente en contra de las redes y pactos de impunidad que desde el poder han permitido el saqueo de recursos públicos y la violación a los derechos humanos.
Los casos que involucran a exfuncionarios como Emilio Lozoya, César Duarte y Tomás Zerón pueden llegar a representar un paso significativo para comenzar a transformar el sentido de responsabilidad y la rendición de cuentas en el servicio público, siempre y cuando las autoridades sean capaces de realizar una investigación eficiente y acorde a derecho. Pero, y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, también está latente la posibilidad de que veamos solamente procesos altamente mediáticos, en los que el objetivo prioritario sea conseguir una victoria política para el gobierno en turno y, como parte de los pactos de impunidad transexenales, se evite tocar a otros funcionarios involucrados.
Las acusaciones en contra de César Duarte nos obligan a enfrentar las consecuencias del feuderalismo mexicano, el uso abusivo y discrecional del poder y los recursos públicos por parte de gobernadores que pueden hacer y deshacer a su antojo durante los seis años que dura su encargo. Los gobiernos estatales convertidos en patentes de corso, impermeables a la rendición de cuentas. Una historia que se repite ad nauseam y que, trágicamente, se ha profundizado y extendido durante nuestra transición democrática.
El caso que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, adquiere una dimensión muy diferente, abre una ventana a las redes de corrupción y tráfico de influencias en los niveles más altos de la toma de decisiones en lo que posiblemente ha sido el sexenio más corrupto en la historia moderna de México. Un gobierno podrido desde la médula, organizado desde el principio para generar beneficios privados ilegales. La pregunta es, si, como se ha especulado, Lozoya buscará señalar la responsabilidad de otros para obtener un trato más favorable de la fiscalía, o si se convertirá en el chivo expiatorio individual de los excesos del peñanietismo.
Finalmente, la solicitud de detención y extradición en contra de Tomás Zerón, exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, pone de manifiesto las irregularidades y abusos de autoridad que marcaron las investigaciones del caso Ayotzinapa. La denominada “verdad histórica”, no ha sido otra cosa que una muestra de la incompetencia y arbitrariedad de las autoridades ante una tragedia que ha marcado irreversiblemente la vida pública nacional. La investigación en contra de Zerón y la revisión de la conducta de la PGR entre 2014 y 2018, es posiblemente la última oportunidad para que los familiares de los estudiantes desaparecidos tengan acceso a la verdad y la justicia.
¿Hasta dónde tiene la intención de llegar el gobierno con estas investigaciones? ¿Están decididos a llevar a proceso a estos exfuncionarios públicos para combatir la impunidad, reducir los espacios para la corrupción y promover una procuración de justicia respetuosa del debido proceso? ¿O, por el contrario, estos casos caen simplemente como anillo al dedo para apuntalar la imagen del gobierno en un contexto en el que la violencia criminal no cede, la epidemia supera los 35 mil muertos en registros oficiales y se proyecta una caída de la economía en torno al 8% del PIB?
Durante el discurso para celebrar “dos años del triunfo histórico democrático del pueblo de México”, López Obrador señaló que “se combate sin excepciones ni favoritismos, la corrupción y la impunidad y que existe un auténtico Estado de Derecho”. El gobierno debe demostrar que está realmente comprometido con el combate a la corrupción y la impunidad y el respeto pleno al Estado de derecho. Las investigaciones y procesos en contra de Duarte Lozoya y Zerón deberán traducirse en resultados medibles y verificables, en sentencias, reparación del daño y garantías de no repetición. La impunidad no se acaba por simple voluntad o a golpe de discursos. La tentación del espectáculo político no va a sustituir la exigencia de justicia.