Hace diez años promulgó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), diseñada por el congreso para articular las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno en la materia. En particular, la LGCC tiene como objetivos fomentar acciones más efectivas de mitigación de gases de efecto invernadero y promoción de energías limpias, generar programas de adaptación ante las consecuencias inevitables del cambio climático e impulsar una transición hacia formas más sostenibles de desarrollo.
Fue también en 2012 cuando se reformó la Constitución para incorporar el derecho a un medio ambiente sano, anteriormente se reconocía como derecho a un medio ambiente adecuado, y se estableció el derecho al agua.
Tanto la aprobación y promulgación de la LGCC y las modificaciones a la Constitución relacionadas con el derecho al medio ambiente sano y el agua, representaron pasos muy significativos desde la perspectiva del derecho ambiental. Sin embargo, la efectividad de las políticas ambientales federales y estatales para proteger el medio ambiente y garantizar el disfrute de estos derechos se encuentran hoy en franco retroceso.
Paradójicamente, a pesar de las reformas constitucionales en la materia, entre 2012 y 2022 el presupuesto para política ambiental ha sufrido un recorte cumulado superior al 60%, lo que ha afectado significativamente el desarrollar y mantener las capacidades institucionales necesarias para proteger ecosistemas y especies. Tendencia que además se replica en las entidades. Dime cómo se asigna el presupuesto y te diré dónde están las prioridades. Sin recursos financieros no hay capacidades institucionales o personal especializado suficientes para contener los efectos de la presión urbana, la extracción de recursos naturales o los proyectos públicos de desarrollo sobre los ecosistemas o para actuar en forma oportuna ante las consecuencias de la crisis ambiental global.
A diez años del reconocimiento del derecho al agua, el Congreso ha sido omiso y no ha cumplido su obligación constitucional de emitir la Ley General de Aguas. De igual forma, las deficiencias de nuestra política hídrica quedan en evidencia ante la crisis de abasto en Nuevo León y los efectos de la sequía que está afectando a diversos estados del país, incluyendo el Valle de México. La amenaza de acceso al agua suficiente y de calidad para la población nos ha alcanzado ante el pasmo y falta de visión de nuestras autoridades.
En lo que respecta a nuestra política de cambio climático, no tenemos ni adaptación, ni mitigación ni transformación sustentable. Seguimos atrapados en una adicción a los hidrocarburos que difícilmente nos permitirá cumplir los compromisos adquiridos voluntariamente en el Acuerdo de París. Las políticas de gestión de desastres naturales, que en sí mismas no son adaptación, están sujetas al manoseo político y los recortes presupuestales. Mientras crece el de riesgo a impactos derivados de la crisis climática y ambiental global, nuestra población, infraestructura y economía son mucho más vulnerables y nuestras capacidades para hacer política de adaptación son mínimas y poco efectivas.
Como si no hubiera problemas, la protección del medio ambiente está sujeta crecientemente a la penetración de las organizaciones criminales, quienes encuentran en terreno fértil para explotar los mercados ilegales de flora, fauna y recursos minerales e incluso del agua, en un contexto caracterizado por el vacío de autoridad y la existencia de pequeñas comunidades y pueblos indígenas indefensos ante la violencia.
En resumen, diez años después de reformas constitucionales y legales muy importantes en materia ambiental, no estamos preparados para enfrentar la crisis ambiental porque nuestra no es prioridad para nuestros gobiernos, sean federales o estatales y, por lo mismo, la política ambiental no cuenta con los recursos presupuestas y las capacidades institucionales necesarios para proteger la biodiversidad de nuestro país y garantizar el derecho al medio ambiente a los mexicanos. ¿Estamos dispuestos los ciudadanos a exigir que nuestros gobiernos tomen en serio la protección de nuestro patrimonio natural?