El pasado 14 de diciembre estudiantes, académicos, trabajadores, exalumnos y padres de familia marcharon en el centro de Puebla para exigir la liberación del campus universitario, el cual ha permanecido cerrado desde la toma violenta del 29 de junio. Esta marcha se hermanó con la manifestación realizada por la comunidad del CIDE en un acto conjunto para exigir respeto a la educación de excelencia y a la autonomía universitaria.
La principal petición de la comunidad UDLAP fue que las autoridades del gobierno estatal cumplieran el compromiso acordado el 9 de diciembre, de entregar en forma inmediata el control del campus universitario a la administración encabezada por la rectora interina, la Dra. Cecilia Anaya Berríos.
Por su relevancia, transcribo las cuatro demandas que incluye la Comunidad UDLAP en su pliego petitorio:
Solicitamos al gobierno de Puebla, que la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación cumplan el compromiso que hicieron ante los representantes de la comunidad UDLAP el 9 de diciembre y procedan a devolver el control de nuestro campus a la administración encabezada por nuestra rectora interina, la Dra. Cecilia Anaya Berríos.
Solicitamos al gobierno de Puebla establecer de inmediato una mesa formal de diálogo con los representantes de la comunidad UDLAP, con objeto de definir el tiempo y la forma de la entrega del campus a la Dra. Cecilia Anaya de acuerdo con el compromiso acordado el pasado 9 de diciembre.
Solicitamos al Magistrado Héctor Sánchez Sánchez en su calidad de presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla, cumplimentar en forma inmediata lo establecido con la suspensión definitiva a favor de la UDLAP, obligación que la jueza María de Lourdes López Herrera evadió cumplir al devolver el exhorto a la Ciudad de México.
Hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que través de la UIF se abra una investigación sobre las actividades de los abogados y despachos legales trinqueteros que están involucrados en el secuestro de nuestro campus y que son corresponsables de los actos que desde el pasado 29 de junio han dañado profundamente la vida académica de la UDLAP.
La devolución del campus universitario es un imperativo porque eso establece la resolución definitiva emitida por el juzgado 24 de la Ciudad de México, del 4 de noviembre. Mantener cerrado el campus, a pesar de los que han determinado los jueces, representa una franca violación al derecho al acceso a la justicia y a la educación de nuestra comunidad. Las autoridades de las UDLAP han respetado el proceso legal para poder regresar a nuestras actividades en condiciones de normalidad, ahora las autoridades del Poder Judicial de Puebla deben garantizar el respeto de los derechos de una comunidad que ha sido profundamente agraviada.
La situación de indefensión que enfrentan la UDLAP y el CIDE debe terminar. Estudiantes, académicos y trabajadores enfrentamos un contexto de incertidumbre, zozobra e indefensión. Ninguna universidad pública o privada merece recibir el trato que han recibido la UDLAP y el CIDE. Las autoridades deben tener la sensibilidad para abrir canales de diálogo y resolver estos conflictos a través de respeto a la legalidad y a la normatividad interna cada una de estas instituciones académicas. La arbitrariedad no puede ser el camino en un país democrático, la violación del Estado no puede aceparse. Con la educación no se juega.
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