Vivimos un contexto marcado por el deterioro de la vida pública nacional. Enfrentamos niveles extremadamente altos de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, que se acompañan de un creciente deterioro de nuestras instituciones democráticas y de desconfianza ciudadana en las autoridades. La percepción de vivir una profunda crisis política se acompaña además de un peligroso proceso de normalización social.
La normalización supone la asimilación cotidiana de patologías públicas y sus consecuencias. La sociedad asume y acepta la corrupción, la violencia, la inseguridad o el deterioro institucional como actos o eventos naturales o inevitables, fenómenos con los que inevitablemente se debe vivir y ante los cuales ninguna solución funciona. Normalización que no se limita a la aceptación de vicios públicos inaceptables, sino que involucra la indiferencia social ante las consecuencias de la violencia o la impunidad y el sufrimiento que causa a sus víctimas.
La resiliencia se convierte entonces en un problema antes que en una virtud. Resignación frente al horror de la violencia, ante la sucesión de masacres o desapariciones. Adaptación ante los interminables escándalos de corrupción y los pactos de impunidad. Degeneración de lo público que no provoca indignación ciudadana y que mucho menos se traduce en exigencia de rendición de cuentas y cambio institucional. La ineptitud e irresponsabilidad de autoridades que no tiene costos porque los ciudadanos se han acostumbrado a aceptar que los grupos criminales impongan la violencia o que desde las instituciones se materialice el saqueo de recursos públicos.
Encuentro la siguiente cita en M, la novela sobre Mussolini y el ascenso del Fascismo: “Siempre se comete el error de esperar que las catástrofes vengan en el futuro, hasta que una mañana nos despertamos con una sensación de ahogo que nos oprime el pecho, nos volvemos y descubrimos que el final está a nuestras espaldas, el pequeño apocalipsis ya ha tenido lugar y ni siquiera nos hemos dado cuenta” (pp. 642).
Esto implica también el proceso de normalización: suponer que el horror de la violencia y la inseguridad no tienen lugar en tanto no nos afecta en lo personal, que la victimización no es tan grave, a pesar de que cada año se suman alrededor de 30 millones de víctimas del delito, porque no toca en nuestro círculo directo. Imaginamos el riesgo de una catástrofe potencial en el futuro sin reconocer que el pequeño apocalipsis ya ocurre, que es cotidiano y sacude a demasiadas familias en el país. Las consecuencias de la violencia y la impunidad son una realidad cotidiana para millones de personas y, aun así, cada vez es más alto el umbral de degradación pública que estamos dispuestos a aceptar.
El contexto de degeneración de lo público que enfrentamos exige la respuesta articulada de la ciudadanía por y desde la indignación ante el horror, exigiendo acción pública transformadora y responsabilidad política. “Cuando un estado quiere defenderse, siempre puede defenderse, y entonces el Estado gana” (pp. 581). El Estado que quiere defenderse es aquel que actúa para proteger a los ciudadanos y sus instituciones. El Estado mexicano, sin importar el partido político que tenga en sus manos el timón, no está dispuesto a defenderse porque no hay una exigencia ciudadana, porque la degeneración pública está normalizada y la humillación de las personas por las instituciones se asume cual destino.
No podemos aceptar sin más la normalización de la degeneración de nuestra vida pública, porque esto supone permitir que se reproduzca y retroalimente indefinidamente, porque implica acostumbrarnos al sufrimiento de sus víctimas actuales y las potenciales.
Una sociedad anestesiada ante los niveles extremos de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, es una sociedad que renuncia propiamente a su futuro, cuya indiferencia le lleva a justificar más ciclos de degradación pública.
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