La Comisión de Bolsa y Valores reveló que la empresa World Acceptance Corporation acordó pagar 21.7 millones de dólares para evitar un juicio por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al pagar sobornos entre 2010 y 2017 a funcionarios de México, especialmente del sector Salud y de Educación.
De acuerdo a las investigaciones están involucrados servidores públicos estatales y federales; así como líderes sindicales que recibieron 4.1 millones de dólares.
La empresa, especializada en préstamos al consumidor con sede en Carolina del Sur, operaba en el país con su filial WAC de México SA de CV., y a través de ella hizo los pagos ilícitos para obtener dos beneficios: ofrecer préstamos a los burócratas y garantizar que se descontaran sus pagos de la nómina.
“(Los sobornos) fueron pagados en efectivo, un depósito bancario en su cuenta o un depósito bancario en la cuenta bancaria de un pariente o amigo del funcionario. WAC México también contrató a terceros intermediarios para ayudar a obtener negocios y realizar pagos continuos de sobornos a los funcionarios. Estos intermediarios mantuvieron una pequeña parte de los pagos como su tarifa.
“Uno de los intermediarios de WAC México voló a diferentes municipios de México con grandes bolsas de efectivo para pagar a los funcionarios. Empleados en WAC México se comunicaron con los intermediarios por correo electrónico”, sostienen los documentos en poder de ejecentral.
Y añade: “de los 4.1 millones de dólares, al menos 1.5 millones se pagaron a funcionarios del gobierno, 580 mil a los dirigentes sindicales y 480 mil a terceros intermediarios que usaron los fondos para pagar a funcionarios gubernamentales y dirigentes sindicales”.
WAC México tenía dos líneas de negocio, “Préstamos Avance”, para pequeños consumidores y “Viva”, para la burocracia.
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Las autoridades “celebraron al menos 30 contratos de Viva con entidades gubernamentales y/o sindicatos de trabajadores en representación de empleados del gobierno, la mayoría de los cuales trabajaban en salud y educación.
“Los contratos de ‘Viva’ fueron firmados por funcionarios gubernamentales (por ejemplo, el secretario de salud o educación para un gobierno estatal en particular) y/o funcionarios sindicales. Para celebrar estos contratos, WAC México pagó sobornos monetarios, conocido internamente como el ‘guante’, para los funcionarios del gobierno mexicano y los dirigentes sindicales”, sostiene el documento.
También realizó “pagos continuos, denominados ‘regalías pagos’, ‘beca’ o ‘apoyo’ a los funcionarios”.
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