Al menos 23 institutos electorales locales sufrieron recortes presupuestales este año, y cuatro estados, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, reportan retraso en la entrega de los recursos públicos pese a que desarrollan procesos de comicios.
De acuerdo con el proyecto de “Situación presupuestal de los organismos públicos locales respecto del ejercicio fiscal 2022”, elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano de Colima es el que registró el más alto recorte presupuestal, que llega a 65.6 por ciento.
Lo mismo sucedió con tres órganos electorales que desarrollan procesos electorales: Aguascalientes registró un recorte del 20.8% del presupuesto solicitado, Durango de 40.7% y Quintana Roo de 16.1 por ciento.
Además de la reducción presupuestal, el INE también reportó retrasos en la entrega de los recursos públicos en ocho entidades: Colima, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Durango, donde se renovará la gubernatura, 39 alcaldías y sindicaturas y 327 regidurías el próximo 5 de junio, se localiza en el nivel de riesgo alto por esta situación.
De acuerdo con el diagnóstico, el “recorte presupuestal considerable con una afectación directa al desarrollo del proceso electoral respecto de la licitación para la impresión de documentación y material electoral; distribución y recolección de documentación y paquetes electorales”.
“Ha recibido de manera incompleta las ministraciones programadas para los meses de febrero y marzo de 2022, por casi 35 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya recibido lo correspondiente al primer pago para la implementación del PREP, correspondiente a la ampliación presupuestal ya autorizada”.
En tanto, en Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades en las que se desarrollan elecciones locales, se encuentran en un riesgo moderado. En Hidalgo, hay un retraso en la entrega por casi 170 millones de pesos.
En Quintana Roo el recorte tiene afectaciones en el proceso electoral actual con respecto a la contratación de personal, capacitación para las mesas directivas de casillas, realización de debates, así como la negativa de recursos adicionales para el desarrollo de cuatro consultas municipales que ya se encuentran en curso, además los retrasos en las ministraciones suman 120 millones de pesos.
En Tamaulipas, “la recepción de ministraciones incompletas durante los meses de febrero y marzo por poco más de 42 millones de pesos con afectaciones a los capítulos 3000 y 5000”, detalla el informe.
Otros organismos en riesgo alto son los de la Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos y Nayarit.
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