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Redacción ejecentral

La aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador daría una señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad del Estado de Derecho en México, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

A través de un comunicado, el IMEF indicó que la iniciativa contiene medidas en las que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex se convierten en organismos el estado, eliminando el concepto de “empresas productivas del Estado”.

A ello, se suma la disposición que indica que el litio no es un mineral concesionarle; se elimina a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos; mientras que el Centro Nacional de Control de Energía queda en manos de CFE.

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Se añade también el que la electricidad, su generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento corresponde a la Nación, con lo que se establece un monopolio sobre esas actividades.

El IMEF consideró que, desde su perspectiva, la nueva reforma eléctrica atentará gravemente contra la transparencia, afectará la competitividad, rezagará la transición de México hacia energías limpias y reducirá la transparencia.

“La desaparición de la CRE y la CNH reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas”, indicó.

Detalló que la competitividad se vería afectada, toda vez que no se contarán con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas en condiciones similares a las de competidores comerciales internacionales.

Aunado a ello, el IMEF consideró que al dar fe de la vulnerabilidad del Estado de Derecho en México, se eleva el riesgo para atraer la inversión, y se limita la capacidad de crecimiento económico del país.

“Se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios”, indicó. CJG

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