Regresa la amenaza del registro de celulares
Pese al fracaso de la anterior iniciativa, que terminó en la difusión y venta de los datos de usuarios registrados, el Senado dio luz verde a un nuevo proceso de control que ahora incluye los datos biométricos de los dueños de teléfonos
Corría el año de 2009 cuando el gobierno mexicano implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), que obligaba a todo usuario de un teléfono celular a registrar sus datos con su Clave Única de Registro de Población (CURP). El motivo para dicho registro fue el de prevenir los crímenes que se realizan a través de un teléfono como secuestros y extorsiones, mismos que no se redujeron gracias a la inventiva de los delincuentes que simplemente usaban aparatos robados o modificados. Poco después, la base de datos con los cientos de miles de usuarios se filtró en internet, haciendo posible incluso su compra.
A 12 años del fracaso de esa iniciativa, el Senado avaló la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un nuevo registro con el mismo objetivo del RENAUT de combatir delitos, pero ahora con un nuevo añadido: los datos biométricos de cada usuario.
La orden que dio pie a este nuevo intento de control de celulares se deriva de una minuta aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre del 2020, que planteó que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones el encargado de operar, mantener y manejar el nuevo padrón. El antecedente del RENAUT no fue suficiente: los senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado avalaron el proyecto, que además del número de línea, domicilio y nombre del usuario, solicita información del concesionario de telecomunicaciones, esquema de contratación del servicio (prepago o plan), fecha y hora de activación del dispositivo, nacionalidad del dueño, CURP y su información biométrica, que bien podría incluir las huellas digitales, las líneas del iris ocular, las facciones del rostro o el tono de voz.
Como es de esperar, el nuevo control ha despertado la inconformidad de muchos, entre los que se cuenta la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D, que desde el año pasado ha exigido que se frene la iniciativa. La información biométrica es considerada única e irremplazable, por lo que, de caer en manos de delincuentes, abre un nuevo mundo de posibilidades criminales que van desde el fácil acceso y saqueo a cuentas bancarias (cuyos servicios también utilizan los datos biométricos de sus cuentahabientes) hasta la suplantación de identidad y extorsión con información personal.
El objetivo de erradicar los delitos, asegura R3D, no es suficiente para solicitar este tipo de información, ya que las personas dedicadas a estos crímenes tienen múltiples formas de evadir los controles, entre las que se encuentran la clonación de tarjetas SIM, la suplantación de números telefónicos o el uso de tarjetas SIM de jurisdicciones donde no existe registro.
En redes y a través de comunicados, la organización por los derechos digitales, aseguró que este tipo de controles no ayudan a evitar los secuestros y extorsiones, ya que no existe evidencia de que el registro reduzca la actividad criminal. Para muestra, el lapso de 2009 a 2011 de operación el RENAUT, en el que la extorsión aumentó 40% y el secuestro tuvo un repunte del 8 por ciento.
Y aunque este tipo de control no sería el primero en México, únicamente se ha implementado en naciones consideradas “autoritarias”, como Afganistán, China o Venezuela.