El pasado 20 de febrero, el auditor superior de la Federación presentó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. Y, como es costumbre, cada vez que se realiza tal acto se convierte en noticia de ocho columnas en los medios de comunicación y cada uno escoge los temas o las instituciones que considera convenientes para, a su juicio, resaltar qué es lo de mayor gravedad o de mayor impacto público. De la misma manera, como habitualmente sucede, al paso de los días deja de ser noticia de primera plana.
En su magnífica intervención, David Colmenares planteó algunos temas que considero de la mayor importancia, más allá de la nota roja en estos asuntos. Uno de ellos se refiere a la urgente necesidad de hacer auditorías en tiempo real, con el objeto de prevenir la posibilidad de irregularidades e ilícitos. Qué bueno que van a realizar ese tipo de auditorías, porque a veces es muy difícil aclarar las cosas a toro pasado; tal es el caso con la Cuenta 2018, misma que apenas está dando los resultados de un gobierno que ya dejó de serlo.
Como bien dice el auditor superior, “resta un largo periodo para que los entes auditados puedan aclarar las observaciones y, en su caso, para que se finquen las sanciones correspondientes”. Esto nos lleva a que, si bien nos va, sabremos qué pasó durante este año o hasta 2021, es decir, tres años después de que ocurrieron los hechos. En este lapso las dependencias pueden y deben hacer aclaraciones, lo que ocurre muchas veces, y reducir el monto de lo observado, por lo que las cantidades publicitadas son apenas las observaciones que realiza la ASF y que sin duda sufrirán modificaciones.
Tal como señala el auditor superior, el gran objetivo no es generar ahorros presupuestarios, sino verificar que los recursos se ejerzan con honradez, eficacia y en tiempo, poniendo como ejemplo las acciones de fumigación para evitar el dengue y paludismo, mismas que si no se hacen con oportunidad a causa de que los recursos se liberen con retraso se pueden generar pandemias con un alto costo social, principalmente para aquellos mexicanos en situación de pobreza en el campo, aunque no haya algún hecho corrupto. También menciona el caso concreto del Infonavit, que ha negado a la ASF la posibilidad de realizar auditorías a las cuentas de 2017 y 2018.
El asunto se encuentra ahora en la Suprema Corte de Justicia esperando su resolución. Es lamentable la actitud de los directivos del Instituto.
Un tema que ahora preocupa es la cantidad de asignaciones directas que está haciendo la actual administración pública. Varios medios de comunicación ya han dado cuenta de ello, como los casos de El Universal y la revista Proceso, cuyo número de esta semana da cuenta de que se han otorgado decenas de contratos a empresas recién nacidas en el primer año de este sexenio y que casi 80% de los contratos se han otorgado por asignación directa.
Por supuesto, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público lo permite, pero para ello hay que justificarlo y bien, y por lo que se alcanza a ver no está ocurriendo así.
También existe una situación delicada. La referente a la cantidad de actividades extras que se les está pidiendo realizar a las Fuerzas Armadas, desde la construcción del aeropuerto hasta la edificación de oficinas bancarias.
Ya en la Cuenta Pública de 2018, la ASF cuestiona las adquisiciones y obras realizadas por el Ejército en la construcción del fallido aeropuerto de Texcoco. El gobierno tiene que ser muy cuidadoso en involucrar al Ejército en operaciones dudosas, y no solucionarlo con decir que se trata temas de seguridad nacional.
La Secretaría de la Función Pública debe vigilar que dichas obras se realicen conforme a la ley y, sobre todo, debe proteger el buen nombre que tienen hasta ahora las Fuerzas Armadas de nuestro país.