Uno de los programas más novedosos de la actual administración pública es el anunciado a inicios del mes pasado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que establece la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.
En el sistema, el ciudadano que se convierta en denunciante debe proporcionar información de actos de corrupción que a su juicio hayan cometido o estén cometiendo servidores públicos.
Hay una consideración importante de la SFP en los lineamientos del acuerdo y su modificación, que consta en el artículo octavo, que a la letra dice: “La Secretaría no otorgará incentivos económicos a cambio de alertar y en el caso de que la persona considere el incentivo económico como necesario e imprescindible, la Coordinación General le orientará sobre otras figuras legales y en su caso la canalizará a las instancias competentes”.
No queda claro cuáles son otras figuras legales o instancias competentes, porque nunca se ha sabido que existan; sólo se refiere a la corrupción que puedan generar servidores públicos.
Ambos hechos, quizás, marcan la diferencia con otros sistemas implantados en varios países desde hace años, conocidos en inglés como whistleblower, que traducido significa “quien sopla el silbato” o más coloquialmente “soplón”.
El sistema de mayor éxito, sin duda, es el estadounidense, producto de una ley creada en 2010 denominada Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
Existen varias oficinas de whistleblower en dependencias norteamericanas; las más conocidas están en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, siglas en inglés) y en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, siglas en inglés), que regula los mercados de futuros y opciones. La operación de las oficinas de denuncias ha sido tan exitosa, que ya están considerando abrir más en otras oficinas públicas.
Las mayores diferencias entre la figura estadunidense y la recién creada de Ciudadanos Alertadores son, en primer lugar, que aquélla no se refiere únicamente denuncias de servidores públicos, sino que incluye las de particulares en empresas privadas que no solo defraudan al gobierno sino a los inversionistas; y segunda gran diferencia es que, en caso de que la denuncia proceda y el gobierno tenga éxito en la aplicación de una sanción pecuniaria, el denunciante puede llevarse una participación monetaria, que no rebase el 30 por ciento del monto sancionado, siempre y cuando éste sea mayor a un millón de dólares.
Como resultado de la aplicación de la citada ley Dodd-Frank, incluyendo las denuncias recibidas de compañías extranjeras que operan en las diferentes bolsas de valores de Estados Unidos, y sujetas a la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, siglas en inglés), decenas de personas en más de 70 países han recibido recompensas en dinero producto de sus delaciones.
Muchas de las denuncias en el interior de Estados Unidos son hechas por trabajadores que laboran en bancos y casas de bolsa que ven prácticas corruptas que afectan a los clientes de esas instituciones.
Por lo que respecta a las denuncias de ciudadanos extranjeros, la mayoría se refieren a hechos de corrupción de empresas extranjeras relacionados con cohechos a servidores públicos de los países en donde operan.
Para dar una idea de lo que escribo, la CFTC le pagó a un denunciante la cantidad de 30 millones de dólares por una delación que involucraba a la casa de bolsa JPMorgan Chase. De ese tamaño pueden ser las recompensas.
Considero que el acuerdo de la SFP es un avance, pero también que hay que incluir en el programa, de forma clara, la posibilidad de obtener recompensas, sobre todo al tomar en cuenta que difícilmente podrá mantenerse oculto el nombre del denunciante y las consecuencias para esa persona pueden ser funestas .