El artículo 9, letra A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México dice textualmente: “todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución”.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado la siguiente interpretación de lo que significa el Ingreso Mínimo Vital: “el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas”.
Es decir, desde el punto de vista legal está clara su definición y su estatuto. Ahora lo que falta es que las autoridades se apliquen a cumplirlo. En julio pasado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México urgió al gobierno para ponerlo en práctica.
Y todo esto viene a cuento porque a raíz del surgimiento de la pandemia, en todo el mundo ha vuelto a ser tema de discusión la implantación de este Ingreso Mínimo Vital (IMV) o Renta Básica Universal (RBU), como se le conoce en otras latitudes.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), decía hace un año que la idea de una RBU empieza a cobrar fuerza, ya que se necesitan ideas atrevidas para combatir los actuales niveles de injusticia y desigualdad que imperan en el orbe. Incluso, ejemplificaba la interconexión que existe entre todos los países citando el caso de Bangladés, que en ese momento tenía pocos casos de Covid-19 y, sin embargo, sufrió la pérdida de un millón de empleos en la industria de la confección.
Otra dependencia de la ONU, la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), también se ha manifestado por la implantación de este apoyo a los habitantes de la región.
En Barcelona, en septiembre, la Generalitat de Cataluña nombró a un experto en el tema, Sergi Raventós, para que ponga en marcha un plan piloto para implementar la RBU y evaluar su funcionamiento una vez que hayan transcurrido dos años. Para ello se destinaron cuatro millones de euros y se espera que empiece a funcionar hacia finales del año que viene.
La semana pasada se informó en la página electrónica de la Basic Income Organization, en la cual participan decenas de personas de todas las latitudes, que este año en Estados Unidos se realizaron dos encuestas que demuestran que una gran mayoría de sus ciudadanos apoyan la idea de una RBU o un ingreso garantizado. Una de ellas, a cargo de Data for Progress, encontró que 55% apoyaban la idea y 39% la rechazaba; la otra encuesta, a cargo de Skynova, encontró que el 67% la apoya y 20% la rechaza.
En la actualidad ya no se concibe como una idea descabellada, por los recursos que se necesitan para hacerla realidad y, sobre todo, poco a poco los gobiernos están entendiendo que la única manera de ponerla en operación es a través de una profunda reforma fiscal, porque, como bien dice la directora del PNUD, el principal problema radica en que en varias regiones del mundo, como la de Asia y el Pacífico donde ella trabaja, y podríamos agregar a nuestra América Latina, la relación entre impuestos y el PIB es reducida y la mayoría de los ingresos públicos provienen de los impuestos indirectos o regresivos , agregando que “son principalmente los pobres los que están siendo gravados desproporcionalmente y esto tiene que cambiar”.
Sin duda, debemos hacer entender a quienes toman las decisiones políticas y económicas que una medida tan importante para reducir la desigualdad y dar seguridad mínima a los ciudadanos en esta etapa de pandemia, como lo es la RBU, tiene que convertirse en una parte esencial de la ya necesaria y urgente reforma fiscal.