Las cifras son pavorosas en todos los campos. Está el número que día a día crece de muertos por Covid-19, contagiados y sospechosos, ante el cual la reacción del gobierno es cada vez más criticada y cualquier estimación dada por las autoridades es de inmediato puesta en duda.
Pero no es lamentable sólo el tema de las personas que están sufriendo la pandemia sanitaria, sino también el de los millones que también sufren la pandemia económica. Los últimos datos indican que la caída del Producto Interno Bruto (PIB), mismo que seguiremos utilizando hasta que llegue la nueva versión gubernamental, será para este año de 9.3% y se espera que para 2021 crezca en tres por ciento.
En una plática dada la semana pasada por el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, a estudiantes de la FES Acatlán de la UNAM, dio a conocer datos muy importantes, como que quienes están sufriendo más en la actualidad son las personas que califica de vulnerables, los que tenían trabajos de dos salarios mínimos y los informales, mencionando un dato muy revelador: que en mayo las personas que requerían un empleo eran 34 millones, cifra que para julio seguramente habrá subido.
La pandemia, según la última encuesta telefónica del Inegi en abril, ha provocado el desempleo de más de 12 millones de personas, aunque es seguro que ya son más, dado que el IMSS reporta en mayo y junio una pérdida de un millón 30 mil empleos, es decir, casi el 25%de la población económicamente activa.
Y la semana pasada apareció un estudio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, elaborado por los investigadores Curtis Huffman y Héctor Nájera, donde presentan estimaciones de la pobreza extrema por ingreso, tomando en cuenta los cálculos del Coneval.
El argumento central es que urge la transferencia de recursos adicionales a cerca de 38 millones de personas que hoy no pueden adquirir la canasta básica de alimentos. La transferencia la calculan en 450 pesos mensuales, lo cual tendría un costo fiscal de 19 mil millones de pesos, que no llega ni al 1% del PIB. En el análisis, los investigadores consideran incluso los apoyos de los programas de bienestar y las remesas que envían a sus familias los migrantes.
Nuevamente ha surgido la propuesta que hemos estado promoviendo desde hace años del Ingreso o Renta Básica. En los últimos días hemos visto opiniones apoyando la idea, tanto en la prensa como de grupos políticos. Entre ellos, la presidenta de la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena en el Senado de la República, el coordinador de Movimiento Ciudadano.
Por lo que se puede apreciar, todos están de acuerdo en la necesidad de hacer algo para paliar las condiciones de hambre de millones de personas en nuestro país. El senador Monreal, quien siempre ha apoyado la propuesta, planteaba la gran pregunta si “el único problema es que tenemos que buscar de dónde provienen los ingresos para hacer este programa enorme”.
Y la respuesta debe ser que el dinero provenga de recursos extraordinarios que el gobierno consiga de inmediato, abandonando ya la cantaleta de ahorros presupuestales. Hay que endeudarse, como lo están haciendo decenas de países, para salvar a su población del hambre y, por supuesto, hay que adoptar una política de gasto contracíclica para reducir el empobrecimiento generalizado de México.
Pero lo que urge más es tomar la decisión, darse cuenta de que estamos hablando de seres humanos, no de permisos de importación, que todos los días necesitan, por lo menos, tener la posibilidad de adquirir la canasta básica alimentaria para ellos y sus familias
Sencillamente lo que se requiere de forma inmediata son acciones concretas, no palabras y frases rimbombantes o heroicas, ya sean del gobierno, el Congreso de la Unión o los partidos políticos.