La semana pasada escribí sobre el etiquetado frontal como una necesidad urgente para nuestro país, por las consecuencias tan dramáticas que tiene la alimentación comúnmente llamada chatarra y las bebidas azucaradas en la salud de los mexicanos. La mejor demostración de ello es el número creciente de muertos por la pandemia, quienes padecían alguna de las principales comorbilidades originadas básicamente en una mala alimentación.
La diabetes, el sobrepeso y la obesidad han estado presentes en la pandemia y los números son aterradores; por ejemplo, en el programa Salud en tu Vida que anunció esta semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se dijo que en la Ciudad de México el 73% de la población tiene sobrepeso, el 36% obesidad y el 13% diabetes.
Ante ello, se espera que el etiquetado frontal ayude a reducir estas cifras, al igual que la propuesta de prohibir la venta de los productos chatarra a los menores de edad, misma que ya es vigente en Oaxaca y próximamente lo será en varios estados donde las autoridades locales lo están considerando, incluyendo a la capital del país.
La industria alimentaria, que junto a la farmacéutica son de las que más gastan en el cabildeo, está desarrollando una campaña, también frontal, en contra de la medida y para ello utilizan toda una batería de recursos, incluyendo a los comentaristas en los medios de comunicación. Así, hemos podido leer juicios, algunos descabellados, sobre lo que va a pasar cuando se implante el nuevo etiquetado estipulado en la Norma Oficial 051, a partir del 1 de diciembre del presente año.
Por eso creo importante insistir en ello, pues al leer algunos de los comentarios queda uno perplejo de hasta dónde está dispuesta la industria para llenar a la población con mentiras sobre el hecho; por ejemplo, se escribe que la implementación de la norma será la ruina de las tienditas en Oaxaca, que serán gravemente afectadas 58 mil de ellas y más de 100 mil personas que se dedican al pequeño comercio. Y si tomamos en cuenta a todo el país, se dice que estamos hablando de un millón de establecimientos.
También se critica que no es una política integral puesto que no incluye educación y ejercicio físico; además, se señala que afectará a los productores de azúcar, que son más de 1.5 millones de personas, y así podría seguir mencionando lo que ha aparecido en la última semana.
Ninguno de los que critican la Norma ha dicho algo de la situación de las personas que sufren estas enfermedades y tampoco de lo que le cuesta al gobierno atenderlas, que rebasa por mucho lo que aportan en materia de impuestos estos negocios, desde la producción hasta la distribución.
Me parece también poco ético el no referirse a los muertos por la pandemia, siendo que 70% de ellos tenían alguna de las comorbilidades mencionadas líneas arriba. Estamos frente a un problema serio de salud, que en muchos casos implica la vida o muerte de las personas, así de sencillo.
Adicionalmente a las medidas impulsadas por el gobierno federal y algunos estatales el pasado 5 de agosto, el senador Alejandro Armenta presentó una iniciativa para elevar de 8 a 20% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a las bebidas energizantes, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, con una excepción que permite darle una salida, digamos fácil y correcta, a la industria alimentaria, ya que se propone un cero por ciento del IEPS a quienes modifiquen sus fórmulas eliminando el jarabe de maíz, la fructuosa, la dextrosa y la sacarosa. Según los cálculos realizados, se pasaría de una recaudación de 50 mil millones a una de 125 mil millones de pesos, mismos que serían destinados a las necesidades de la salud pública, las cuales, por cierto, son muchas según estamos viendo.