La han denominado Renta Básica, Ingreso Ciudadano Universal o como han decidido llamarle en la Suprema Corte de Justicia, Ingreso Mínimo Vital, para ser acordes con otros países, como España, pero se trata de la misma propuesta y, por supuesto, que le pongan el nombre que quieran. El asunto es que se cumpla, lo cual no ha sido posible hasta ahora en nuestro país, incluso a pesar de que está claramente considerada en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Es un tema que a veces parece que es nuevo, sin que se reconozca que se trata de una propuesta que lleva por lo menos tres siglos de haberse dado a conocer, tal y como lo ha indicado en una reciente entrevista en la revista digital “sin permiso”, el investigador español Alberto Tena, gran defensor de esta propuesta.
Dice Tena que dos personajes del siglo XVIII, Thomas Paine y Thomas Spence, escribieron artículos y desarrollaron proposiciones para garantizar un acceso de todos a un sustento. Paine ha sido quizás el más nombrado y al cual todos los que defendemos la propuesta hemos mencionado, incluyendo recientemente al premio Nobel, por cierto, otro Thomas: Piketty.
Como muchos otros asuntos en nuestro país, hay confusión sobre el tema, amén de oposición encubierta en contra de que se pueda implementar el Ingreso Mínimo Vital. Un mismo día podemos leer en la prensa artículos que hablan de que los programas sociales del gobierno federal benefician a los que más tienen y en otra columna, que los programas sociales han evitado que la pobreza crezca al doble.
El tema se complica ahora más porque, por ejemplo, se han manifestado varios diputados de oposición en la Ciudad de México, argumentando que ahora sí se cumpla con lo que dice la Constitución Política de la Ciudad, misma que establece en su artículo 9, dentro del capitulado de Derecho a una Vida Digna, el otorgar un mínimo vital, lo cual hasta ahora solo ha quedado en una promesa incumplida y, aunque mencionan que será progresivo, no le han dado inicio.
Lo más cercano a un mínimo vital para todos lo está siendo la pensión para adultos mayores a partir de los 65 años, quienes, por el solo hecho de haberlos cumplido, tienen derecho a esta prestación que otorga el Estado.
El propio Presidente ha mencionado que se va a inscribir.
La mejor manera de evitar la corrupción en el otorgamiento de los programas sociales es que se entreguen a todos y evitar la manipulación que se presta en cualquier gobierno a través de la elaboración de padrones o la llamada focalización, que es imposible que salga bien en países como el nuestro, debido a la pobreza generalizada que hay y que impide que ésa sea tan justa como se requiere.
Si hacemos que la prestación sea universal nos evitamos varios problemas, a saber: el primero de ellos, tener un ejército de servidores públicos dedicados a elaborar los padrones de beneficiarios, pidiéndoles datos y más datos totalmente innecesarios para una política social, aunque quizás les sirven para otra cosa. En segundo lugar, se simplifica la operación del apoyo porque con el dato de la edad es suficiente para recibirlo, evitando cualquier acto de corrupción, ya que es un derecho y los beneficiarios tienen la posibilidad de cobrarlo o no, es su decisión.
Al mismo tiempo, los ahorros son sustanciales, cientos de personas que se pueden dedicar a otras cosas, eliminación de padrones repetidos y con errores, porque es universal y no puede ser utilizada políticamente en beneficio de algún partido político.
La crítica que se viene realizando con el argumento de que lo reciben quienes no lo necesitan cae por su propio peso, porque sin duda en este país son muchos más los que lo necesitan, y si alguien considera que no lo requiere con no cobrarlo basta, pero esto permite que sea una decisión personal y no de unos funcionarios pasajeros.