Desde hace varios meses, la Comisión Europea ha discutido y planteado la necesidad de aplicar un impuesto del 3% a las grandes empresas tecnológicas, todas ellas norteamericanas y conocidas por el acrónimo GAFA, formado por sus iniciales (Google, Amazon, Facebook y Apple), con el objeto de que contribuyan de forma adecuada a las haciendas estatales, y no como ahora, que evaden el pago de impuestos en donde se genera su actividad, registrándose en países con fiscalidad baja, como Irlanda.
Ahora ha arreciado la discusión por varios factores. El primero de ellos, lo que han acordado Francia y España, y el segundo, el veto del gobierno del impresentable señor Trump a aquellos países que acepten a la empresa china Huawei y su tecnología denominada 5G.
La iniciativa del impuesto a GAFA es promovida por las grandes economías europeas afectadas en sus ingresos fiscales. Supuestamente, la OCDE hará una propuesta para todos los países miembros en un plazo perentorio, aunque ya se enfrenta a la hostilidad del gobierno estadounidense, quien ha dicho que impondrá aranceles a los productos de aquellos países que osen gravar con algún impuesto a sus empresas consentidas.
No se ve fácil que lleguen a un acuerdo, ya que algunos países europeos, como menciono líneas arriba, se ven beneficiados por este esquema evasor que utilizan decenas de empresas en el mundo.
Pero mientras la OCDE se decide, Francia ha sido el primer país que en 2019 determinó gravar con el 3% al volumen de las compañías tecnológicas en el país donde hagan los negocios, si obtienen al menos 750 millones de euros en sus ingresos mundiales.
En noviembre pasado efectuaron el primer cobro de la, bautizada por los europeos, “tasa Google” y se armó un gran escándalo, ya que de inmediato el señor Trump amenazó con imponer un arancel de 100% a los productos franceses que importan, principalmente el vino. En enero pasado, en Davos, el presidente francés Emmanuel Macron dobló las manos y ofreció retrasar la entrada en vigor del impuesto hasta diciembre del presente año, a la espera de que para esas fechas ya se tenga la propuesta de la OCDE, y, sobre todo, evite las sanciones del imperio.
Este mes, el Consejo de Ministros del nuevo gobierno de España aprobó imponer la “tasa Google” durante 2020, calculando recibir cerca de mil millones de euros por ese concepto. La ministra María de Jesús Montero expresó que “miramos a la OCDE y avanzamos en el plano nacional”.
Y el día que el Consejo de Ministros aprobó la “tasa Google” también aprobó otro impuesto importante, el denominado “tasa Tobin” en memoria del premio Nobel de Economía, James Tobin, quien propuso gravar las transacciones financieras.
La propuesta española consiste en imponer un 0.2 por ciento a las ventas de acciones de empresas de más de mil millones de capitalización, y quien pagaría ese impuesto sería el intermediario; es decir, el inversionista no se vería afectado. Se calcula que con ello obtendrían mil millones de euros anuales.
Al igual que el gobierno francés, el español también retrasó la entrada en vigor del cobro de la “tasa Google” hasta diciembre de este año con el objeto de, en primer lugar, calmar al gobierno norteamericano, que ya los amenazó con sanciones y, en segundo, esperar que antes se tenga la propuesta de la OCDE.
Como vemos, los gobiernos de los dos países soberanos europeos toman decisiones, pero llegan los cowboys del imperio y los amenazan, y congelan las medidas que son correctas para evitar la evasión fiscal que hacen las compañías tecnológicas, principalmente las estadounidenses. Esta es la geopolítica actual.
Esperemos que en el caso español sí se pueda, por lo menos, llevar adelante la “tasa Tobin”, ya que sería un ejemplo de lo que los gobiernos de todo el mundo pueden hacer para que los que más tienen paguen más.