Son tantas las cosas sorprendentes que están ocurriendo en nuestro país que algunas de ellas, a pesar de ser muy importantes, pasan desapercibidas o son “flor de un día”, como dice el refrán popular. En esta ocasión me referiré a la propuesta de senadores de distintos partidos para realizar una consulta popular para otorgar un Ingreso Básico Vital a quienes perdieron el empleo o vieron disminuidos sus ingresos a raíz de la pandemia por Covid-19.
Lo que sucede con esta propuesta, al igual que con muchas otras, es que se encuentra inmersa en la lucha política, no solo entre los diversos partidos, sino al interior de Morena, en donde existen severas divergencias. Pero, además, hay una situación muy particular: por lo visto, desde Palacio Nacional se han mostrado contrarios a ella, situación que, por un lado, sorprende, y por el otro, da pena.
Hace unas semanas se organizó un foro en el que los participantes, yo uno de ellos, nos manifestamos por la urgente y necesaria implantación del Ingreso Ciudadano Universal que muchos hemos impulsado desde hace años.
En el citado foro, uno de los candidatos a presidir Morena, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, se manifestó a favor de activar este mecanismo de apoyo no solo para los más necesitados, sino para toda la población.
Tal como decimos arriba, a principios de este mes se presentó en el Senado la consulta avalada por 43 senadores, misma que fue rechazada en comisiones por 16 votos a favor y 11 en contra. El rechazo provino principalmente del partido mayoritario y sus satélites.
El argumento central para votar en contra fue que no se pueden someter a consulta los derechos humanos, la seguridad nacional, los ingresos y gastos del Estado, etcétera. Además, argumentaron que era politizar el tema. Sorprende la decisión, sobre todo, cuando el día anterior la misma comisión avaló la pregunta de enjuiciar a los expresidentes, lo cual también es politizar el tema. Pero resulta claro que en este asunto se tenía la instrucción de Palacio.
La pregunta de los senadores era muy sencilla: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?”.
Sin duda la respuesta hubiera sido favorable y obligaría al gobierno a actuar, pero el otro candidato a dirigir Morena argumentó que “es importante no caer en salidas fáciles e inviables a largo plazo”. Es decir, totalmente opuesto a Porfirio Muñoz, y estamos hablando de un tema muy sensible en el mismo partido.
El que le puso el clavo final fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que la decisión de cancelar la consulta en comisiones fue dos horas después su comparecencia, en donde manifestó, según las notas de prensa, que “México carece de los recursos para otorgar este apoyo, pues implica 1.9 billones de pesos anuales equivalentes al 8 por ciento del Producto Interno Bruto”.
Alguien no le informó bien al secretario, porque la propuesta era sólo para los sin trabajo o de ingreso insuficiente y que de ninguna manera hubiera equivalido al 8% del PIB.
Sorprende que el secretario se haya manifestado tan decididamente en contra de una propuesta que lleva años discutiéndose en nuestro país y donde existen varios proyectos de ley impulsados desde hace años por diputados y diputadas de Morena.
Nunca se ha pensado en una aplicación total sino gradual, sobre todo al considerar que ya existe el ingreso universal para los adultos mayores, implantado por el actual Presidente.
Seguramente deberemos esperar que alguien, humano o divino, convenza al Presidente y en una “mañanera” dictamine su aprobación. Mientras tanto, la pobreza aumentará inexorablemente.