Como muchos mexicanos y mexicanas preocupados por lo que está ocurriendo, los integrantes del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD), elaboramos un pronunciamiento sobre lo que denominamos “La Emergencia Sanitaria, Económica y Social”. Este documento puede consultarse en la página web del grupo coordinado por Rolando Cordera: https://bit.ly/2WXzTih.
En la actualidad todo ha cambiado en el mundo, nada volverá a ser igual que antes. Me atrevo a decir que el efecto de esta pandemia será superior a lo que varias generaciones han tenido que ver y sufrir.
Eso es por lo que hay que proponer y buscar son soluciones que afecten lo menos posible a la población y sobre todo a los que menos tienen, que son mayoría en el mundo. De entre ellos, los mexicanos y las mexicanas que conforman más del cincuenta por ciento de la población.
El pronunciamiento establece claramente que esta emergencia excede las dificultades por las que hemos transitado en otras crisis profundas y que, sin duda, afectará a la cohesión y las relaciones colectivas de la sociedad entera. Hay que actuar ante tantas señales ominosas, para lo cual proponemos un Pacto de Estado entre sociedad y gobierno.
Este Pacto debe tener como prioridad fundamental la protección de la salud y una respuesta inmediata para amortiguar los impactos económicos y sociales que se prevén y que cada día aumentan.
Una de las principales metas sería proteger el empleo y el ingreso, dando prioridad a los grupos más vulnerables. También se debe salvaguardar la planta productiva, haciendo énfasis en las pequeñas y medianas empresas, quienes sin duda serán de las más afectadas con la pandemia.
Para lograr lo anterior es fundamental olvidarnos de la estructura gubernamental actual y de los diversos ordenamientos, como el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 o la Ley de Ingresos, aprobados por las cámaras de Diputados y Senadores a finales del año pasado. Ambos documentos resultan obsoletos ante la pandemia y sus repercusiones, mismas que estamos apenas atisbando en México al observar lo que sucede en otros países.
No hay más remedio y así lo entendemos, por lo que proponemos hacer un cambio de estrategia en la política económica y en particular en las sacrosantas finanzas públicas, porque, como dice el documento, estamos en tiempos anormales que exigen políticas extraordinarias. Debemos de tomar en cuenta el ejemplo de otros países en lo concerniente a modificar sus políticas económicas para amortiguar las pérdidas de empleo y el desplome en el consumo.
Algunas ideas y propuestas que hacemos son la de la necesidad ingente de reconsiderar los límites del endeudamiento público, así como incrementar el tope de los requerimientos financieros del sector público hasta 2.6% del PIB, para adecuarlo a las necesidades urgentes derivadas de la actual situación.
También consideramos que el dogma de que el Estado no debe de contratar más deuda resulta obsoleto en esta situación, amén de que las tasas actuales lo facilitan y hacen más económica la contratación, sobre todo si se destina a producir aquellos insumos que se requieren para la pandemia.
Por supuesto que no es momento para la polarización y todos deberíamos actuar en un mismo sentido; por ello la propuesta de un Pacto de Estado en el cuál participen todos los involucrados y se lleguen a acuerdos para paliar la actual situación. No se trata de un mero acto formal, sino de que los implicados se comprometan a cumplir los ofrecimientos que hagan.
El gobierno debería ser el primero en poner el ejemplo. Si bien ya anunció 400 mil millones de pesos, debe ser consciente que, dada la magnitud de la crisis sanitaria, es una cantidad muy por debajo de lo que se necesita, tanto para atender la pandemia como para hacer frente a la crisis económica.