Uno de los temas centrales del discurso del presidente López Obrador en el Congreso de la Unión el pasado sábado fue el referente al combate a la corrupción, donde varias de sus expresiones fueron muy enfáticas. Le dedicó varios minutos al tema e insistió en el perdón a los corruptos del pasado y en que se iniciaba una nueva etapa viendo para adelante y siendo muy severos con los servidores públicos que toman posesión en el nuevo gobierno.
Qué bueno que haya una decisión clara y contundente de combatir este flagelo que ha azotado por decenios a nuestro país. Sin embargo, discrepamos con el perdón para todos ya que es imposible hacerlo, en primer lugar, por las disposiciones legales que lo impiden; en segundo, porque existen denuncias presentadas ante la PGR por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública, así como por particulares y, en tercero, porque los nuevos funcionarios que están entrando estarían violando la ley de manera automática si es que encuentran algún hecho corrupto del pasado y lo ignoran.
Entonces este perdón no es tan fácil. Sobre todo, no está en las manos del Presidente otorgarlo sino en las leyes que rigen la administración pública. Sin duda, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, lo aclarará para que no haya confusiones.
Uno de los proyectos nuevos que va a implantar la secretaria Sandoval se refiere a lo que ha denominado el ”denunciante anónimo”, figura que hacía mucha falta que se instituyera y que será de gran auxilio en el combate a la corrupción.
En Estados Unidos esta figura ha sido de las que mejores resultados han dado, que en inglés le llaman “whistleblower”. Este programa fue producto de la ley denominada Dodd-Frank, en honor a los dos legisladores que la propusieron y que ha permitido que funcione y sea un éxito económico.
De lo que se trata es de que cualquier persona pueda dar información a la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC por sus siglas en inglés), sobre algún hecho corrupto y si de la investigación resulta que los hechos se comprueban y las sanciones a las que se hacen acreedoras las empresas rebasan el millón de dólares, el denunciante puede recibir entre el 10 y el 30 por ciento de los recursos recuperados en efectivo.
Esta ley aplica tanto para empresas norteamericanas como para las extranjeras que coticen en alguna bolsa de valores de los Estados Unidos, independientemente de que los hechos corruptos se hayan realizado en el extranjero y sin afectación alguna al gobierno de ese país. En pocas palabras, les ha convertido en los policías del mundo en materia de corrupción.
Los datos recientes indican un éxito creciente y así tenemos que para este año, hasta el mes de noviembre, 13 personas han recibido 168 millones de dólares; uno de ellos recibió 33 millones y otros dos 25 millones cada uno. La SEC ha pagado desde la creación del programa 326 millones de dólares a 59 personas. Como todo se maneja de manera confidencial, no se sabe el nombre de las personas ni dónde trabajan.
Debido a que estas noticias se han difundido, cada día crece el número de denuncias y así tenemos que en el primer año, es decir 2011, se recibieron 334 y para este año ya se han recibido 5,282 denuncias, la mayoría de Estados Unidos, aunque este año también se tienen denuncias de 79 países, por ejemplo, de Canadá se recibieron 89, de Inglaterra 85, de Australia 45 y de México se han recibido siete.
¡Qué bueno que el gobierno actual va a implantar un programa parecido! También sería conveniente que se lograra, al igual que algunos países que ya lo han conseguido, que el gobierno estadounidense nos comparta información y parte de los recursos económicos obtenidos por las multas impuestas a las empresas privadas por la corrupción habida en México.