En todo el innecesario desaguisado que está ocurriendo en virtud de las opiniones vertidas por el poder ejecutivo federal respecto a las universidades públicas, hay un tema que día con día cobra la mayor relevancia y es el referente a los salarios de quienes laboran en dichas instituciones, sean académicos, funcionarios y trabajadores, sindicalizados o no.
Se ha creado en la conciencia colectiva la idea de que hay una gran disparidad entre lo que ganan unos y otros, y que esta disparidad es injusta. Se difunden comparaciones absurdas entre lo que reciben los rectores y los profesores de asignatura, relacionando las cifras con pura manipulación de los datos, lo que no ayuda en nada a resolver la situación.
Sin duda, los profesores en general, no solo los adscritos a la asignatura, están mal remunerados, y por lo tanto mal considerados por quien los contrata. Aquí radica el principal asunto que hay que analizar: el por qué se dan estas condiciones.
Por eso, son bienvenidas las declaraciones de las autoridades federales en cuanto a que reconocen que lo que perciben es injusto y hay que modificarlo. El gran problema es que quien fija los salarios para los servidores públicos de las universidades, porque eso es lo que son (léase académicos, funcionarios y trabajadores), es precisamente el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en última instancia es a quien habría que reclamarle.
Es conocido que la situación se generó desde hace varios lustros y ni académicos, ni funcionarios han podido hacer valer sus quejas y propuestas, pero ya llevamos dos años y vamos por el tercero, de que este gobierno sigue ejerciendo la pauta de los anteriores en cuanto a los salarios en las universidades, es decir, otorgar lo mínimo posible.
Si a lo anterior le agregamos otro tema también candente, el referido al otorgamiento de más plazas para académicos y trabajadores, nos encontramos que tampoco se han autorizado nuevas plazas, o se han dado muy pocas, ante las necesidades crecientes de la pretendida obligatoriedad en la educación superior, ahora ya establecida en el Artículo 3 de la Constitución Política.
Hay una total descoordinación entre los esfuerzos de las autoridades educativas y las decisiones de las autoridades financieras federales y estatales. Y, como siempre ocurre, ganan éstas porque tiene la sartén por el mango. Si algo positivo puede salir de este momento, es que el gobierno federal reconozca que no les da los suficientes recursos a las universidades públicas para cumplir con su misión fundamental y que se ha estirado la liga de una manera irresponsable, ante lo cual ya se llegó al límite.
¿Cómo se pretende que haya incremento en la matrícula cuando, por tercera vez, se propone asignar a las universidades públicas el mismo presupuesto que se dio este año, más un porcentaje que no rebasa el 3.4%, a pesar de tener una inflación superior al seis por ciento?
Por eso llama la atención que empiecen a proliferar las llamadas “fake news” y que desde el gobierno se sorprendan de lo poco que ganan los profesores de asignatura, cuando es el propio gobierno quien fija dichos salarios.
Ojalá y esta discusión ayude a que la Cámara de Diputados analice la situación, modifique y, sobre todo, incremente el presupuesto a las universidades públicas.
La única manera en que se podrá cumplir con el ofrecimiento del Presidente de la República en cuanto a la obligatoriedad y gratuidad, que ya está en las leyes, cuyo ofrecimiento que es extraordinario y positivo, será cuando se otorguen recursos mucho mayores a la educación superior para que incrementen su matrícula y no cobren cuotas. Mientras esto no ocurra, todas son declaraciones al aire y buenos deseos.
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