A fines de agosto el senador Ricardo Monreal expresó opiniones esperanzadoras sobre la política fiscal del gobierno. Según los medios de comunicación, dijo textualmente: “Será inevitable que el Congreso apure modificaciones para impulsar una política fiscal de carácter progresivo“, agregando que tendrían que revisar con urgencia la política fiscal progresiva, que significa que deban pagar más los que más tienen, capital e ingresos, y que esto no es nuevo ni tampoco es comunismo. Es una concepción diferente a simples nuevos impuestos.
Fueron declaraciones excelentes y hubiera —famosa palabra— sido importante que se tomaran en cuenta al aprobar la Ley de Ingresos y en el dictamen del Presupuesto de Egresos, pero en ambos casos no se consideraron las opiniones del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
En un artículo de Enrique Quintana en El Financiero, comentando las opiniones que vertió el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo tituló como La ‘larga marcha’ de nuestra economía... al estancamiento y, efectivamente, parece que para allá vamos. En la visita reciente de la misión del FMI a nuestro país para supervisar a nuestra economía y hacer recomendaciones, que se hacen públicas, esta vez realizaron 15 observaciones, siendo las principales la afirmación de que el PIB se reducirá 9% este año y las expectativas próximas son que tardaremos varios años para recuperar los niveles anteriores a la pandemia.
Para no variar, hacen recomendaciones en materia fiscal proponiendo impuestos al ingreso, a la propiedad, a la gasolina y al IVA. El incremento a los impuestos lo presentan en el sentido de ampliar la base más que incrementar los actuales y recomiendan hacer un paquete de apoyos fiscales y monetarios para volver a crecer de manera sustentable.
Como estamos viendo, en los proyectos de Ley de ingresos y de Decreto del Presupuesto de Egresos para el año que viene no se toman en cuenta las sugerencias del FMI, ni las opiniones de expertos mexicanos sobre la situación económica que estamos viviendo, cuando hoy ocho de cada diez trabajadores ganan menos de tres salarios mínimos y, según los datos oficiales, en lo que va del año cerca de 750 mil personas que no ganaban más de tres salarios han sido dados de baja.
Esta es la terrible realidad que vivimos y ante la cual la reacción del gobierno ha sido cuando menos lenta. Seguir con la misma política de austeridad y no apoyar a las empresas y a la gente nos está conduciendo a una grave crisis social, más allá de la bronca que traen algunos gobernadores.
Las propuestas del FMI de aumentar el IVA y ampliar la base impositiva en estos momentos son inadmisibles. Lo que se requiere es una decisión gubernamental para impulsar la economía, sobre todo tomando en cuenta que la austeridad no esta sirviendo, tan solo tomemos el dato de la deuda del sector público federal: ha crecido de enero-septiembre en 13%, al pasar de casi 45% a 53.5% del PIB, según información de la SHCP.
Hay que tomar en cuenta que, pese al esfuerzo de este gobierno, que se reconoce, los programas de apoyo para los pobres no alcanza para todos, por ello es necesario que se otorguen ya mayores recursos, particularmente ahora con la pandemia que cada día afecta a más mexicanos. Y a esto ahora hay que agregarle lo que sucede en Tabasco y Chiapas con las inundaciones que, sin duda, requerirán recursos adicionales, más allá de la absurda desaparición del Fonden.
Si no se hace un cambio radical en el manejo de la economía y se toman en cuenta las necesidades de la gente, que hoy son más millones, la pobreza crecerá, y crecerá irremediablemente. En el Congreso, senadores y diputados tienen la ardua responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias para reorientar la política en varios sentidos.