La semana pasada, el secretario técnico del gabinete del Gobierno de la República hizo unas declaraciones citadas por la revista Proceso, dando datos de lo bien que estaba el país, “hecho inédito la apreciación del peso frente al dólar”. También manifestó que este año será cuando llegue la mayor cantidad de inversión extranjera, “lo cual reafirma la confianza que hay en el país” e incluso dio el dato de que al primer trimestre del año el crecimiento del PIB fue de uno por ciento, destacando que estaba por arriba de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, y finalizó señalando que el empleo y el salario nunca habían aumentado tanto como en este gobierno.
Y de pronto, también en esos días, el Presidente llamó a pasar de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana” para dar más bienestar al pueblo. La pregunta es ¿por qué teniendo cifras tan buenas hay que sumirnos en la pobreza franciscana?
Muchas personas en los medios se han referido a la instrucción del Presidente y al comunicado hecho por la SHCP a las dependencias federales sobre la existencia del enésimo recorte del presupuesto, no solo para contratación, sino que afecta a casi todos los rubros, destacándose como intocables, una vez más, los militares.
El tema ya es preocupante, pues llevamos décadas de supuesta austeridad presupuestal, a veces ficticia, pero otras no, y la afectación por parte de este gobierno al aparato público y a sus trabajadores ha sido tremenda. Decenas de empleados públicos han perdido salario y prestaciones; se han extendido sus horas laborales por el despido masivo realizado en varias áreas, lo cual ha repercutido en los servicios brindados, como se ha podido comprobar recientemente con las colas en el SAT y el ISSSTE, por citar algunas dependencias, y la población está teniendo que aguantar.
Da pena ver como algunos altos funcionarios se enorgullecen de los recortes de presupuesto efectuados en sus áreas, que han provocado la eliminación de proyectos en áreas sensibles de la salud y la educación. Por ejemplo, ya no se habla, como al inicio del sexenio, del cumplimento de la obligatoriedad y gratuidad en la educación superior. Hay muchos servidores públicos que fueron o están siendo contratados por honorarios, como la mayoría de los “servidores de la nación”, sin prestación alguna, o como los médicos que trabajaron durante la pandemia a quienes se les ofreció una plaza y hasta ahora no ha ocurrido, lo cual sería una injusticia.
Nadie cuestiona la necesidad de utilizar racionalmente el presupuesto público y no creo que en el aprobado para este año haya excesos que permitan hacer recortes, ya que todo está muy ajustado. Tratar de reducirlo más irá en contra de la calidad de los servicios públicos, incluso de las inversiones públicas, como está ocurriendo en el proyecto del Tren Transístmico, en el que, según los medios, la Semar ha tenido que declarar desiertos dos concursos porque nadie quiere hacerlo con el presupuesto considerado, y estamos hablando de que las empresas cotizaron 100 por ciento arriba de lo que el gobierno tenía contemplado gastar. Ahora, con la pobreza franciscana decretada ¿cómo lo van a realizar?
Quizás ha llegado el momento de parar un poco y repensar qué austeridad requiere el país para poder salir adelante y dejar de hacer recortes generalizados que, al final, van a afectar sin duda a los más pobres, principalmente en temas de salud y educación. Todo apunta a que ya no da para más.
Si la macroeconomía va tan bien según el gobierno, ¿no sería conveniente hacer uso de alguno de sus instrumentos para tener más recursos y afectar lo menos posible al pueblo, tal como lo están haciendo la inmensa mayoría de los países desarrollados y en desarrollo, y dejar el tabú, porque en eso se ha convertido, del no incremento a los impuestos?