Uno de los principales activos que tiene el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es su imagen y acción personal en contra de la corrupción, lo que le ha valido el reconocimiento de muchas personas.
Sin embargo, puede ser que este valioso activo entre en contradicción con lo que está pasando alrededor de él y en su gabinete, porque ya son muchas las notas y columnas, tanto de prensa como de radio y televisión, donde se mencionan posibles casos de corrupción de la actual administración y esto puede ser el talón de Aquiles de su gobierno, lo cual sería lamentable.
Corrupción no es solo robarse el dinero público, también lo es no cumplir con las leyes a las que está obligado todo servidor público, que debe ser una figura prístina, sobre todo cuando se pretende ser diferente a los gobiernos anteriores, a los cuales se les están sacando los trapitos y trapotes al sol, inclusive con la propuesta de enjuiciar a los expresidentes.
Ya se van a cumplir dos años de este gobierno y desde su inicio se empezaron a realizar acciones que no cumplían y que siguen sin cumplir con las leyes vigentes, principalmente en materia de adquisiciones y obra pública.
Han sido tantos los casos que difícilmente se pueden enlistar, porque, entre otras cosas, se ha privilegiado el secreto, tan funesto en nuestro país. Emblemáticamente, el primer caso quizás haya sido el de la famosa compra de los vehículos para el transporte de gasolina, cuya compra todavía no ha sido posible transparentar.
Aún no se entiende por qué no se ha dado ni una explicación satisfactoria.
Según varias organizaciones no gubernamentales que dan seguimiento al accionar público, más de 60% de las adquisiciones de las principales dependencias se ha realizado con invitación a tres personas o por asignación directa, lo cual está permitido en la ley, pero especifica claramente en qué circunstancias se puede utilizar este procedimiento.
No se recuerda que los últimos gobiernos hayan utilizado tanto la asignación directa, y es muy preocupante pues se siembra la duda de si estuvo bien hecho o no. Solo queda esperar a que la Auditoría Superior de la Federación pida la información, la cual incomprensiblemente ha sido negada en varias ocasiones al público, y que verifique que se hayan dado las mejores condiciones para el Estado y justificado plenamente la asignación directa.
Una cosa es la emergencia y otra muy distinta es saltarse las leyes para quedar bien con el compromiso público de tener las cosas para determinada fecha. La falta de planeación también es ineficiencia que puede ocasionar daño al erario y, al parecer, hay mucho de ello, según leemos en los medios.
Por otro lado, están las imputaciones directas hechas a miembros del gobierno, tales como secretarios de Estado y directores de paraestatales, así como a personas cercanas al Presidente, como el caso de su hermano y el famoso video, cuya explicación, en opinión de muchos, no resiste una investigación seria por los órganos competentes.
Para ahondar más en la llaga que se está generando, la última revelación del Dr. Jaime Cárdenas no deja bien parada a la actual administración, sobre todo, cuando hace imputaciones muy claras de asuntos que podrían clasificarse como irregulares a cargo del secretario particular del Presidente y de quien era el director de la Lotería Nacional.
Si no hay una respuesta contundente, clara e inmediata, se estará dando pauta a pensar que hay algo de verdad en las denuncias o comentarios vertidos en los medios de comunicación.
Es urgente que el gobierno tome conciencia de que estos hechos no se borran y quedan no solo en la memoria de las personas sino también en los documentos, facturas y actas. No les vaya a pasar dentro de algunos años lo que le están aplicando al gobierno anterior.