Todo nuevo gobierno plantea a la población cuáles serán sus principales objetivos y proyectos a desarrollar, lo cual es importante para que los ciudadanos se enteren y, en su caso, puedan dar su opinión. Más aún en el caso del futuro gobierno que entrará a partir del primero de diciembre, en el que tanto el Presidente electo como varios de sus futuros acompañantes han insistido en que la consulta al pueblo será fundamental. Y así lo hemos visto en el caso del nuevo aeropuerto, en el que se insiste en una consulta popular que, según se ha dicho, no será la que defina el hacerlo o no en Texcoco. Por ello resulta totalmente contradictorio lo que están llevando a cabo con el proyecto denominado Tren Maya. Soy de los que están convencidos de que la actividad turística es uno de los factores fundamentales para la movilidad social que tanto necesita nuestro país. Según los expertos en el tema, por lo menos uno de cada 10 empleos depende del turismo y uno de cada cinco nuevos empleos proviene de ese sector. Con la riqueza que hay en México en materia turística, sin duda se trata de una las ramas económicas que hay que fomentar, pero con análisis que sustenten los beneficios que la actividad traerá para el país y, sobre todo, para la población a donde se desarrollarán los proyectos. Existía un viejo proyecto de construir un tren que llevaría a los visitantes de Cancún a Tulum, lo cual sonaba lógico, tanto por las distancias como por la cantidad de turistas que lo podrían utilizar. Pero de pronto se plantea un macroproyecto y hasta ahora no sabemos que se haya realizado una consulta a comunidades, ejidos, pueblos indígenas, autoridades federales y estatales responsables de los vestigios arqueológicos y del cuidado de la selva. Según ha manifestado el responsable del proyecto designado por el Presidente electo, Rogelio Jiménez Pons, el Tren Maya recorrerá mil quinientos kilómetros en los estados de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Dicho proyecto contempla visitar tanto ciudades como zonas arqueológicas para extender el éxito de Cancún y la Riviera Maya; incluso una de las ocurrencias que ha dicho el responsable es que el tren permitirá llevar anualmente a tres millones de personas a Calakmul. Creo que afortunadamente esto último es imposible, porque si no implicaría la destrucción de uno de los sitios arqueológicos más bellos e interesantes de la zona maya. Además, según los medios de comunicación, Jiménez Pons ha manifestado que ya comenzó a estructurar el financiamiento a través de la figura de asociaciones público-privadas y que viajará próximamente a varios países europeos y Canadá para buscar al constructor de los trenes. Asimismo, el Presidente electo anunció que ya escogió a la empresa fabricante de los vagones, que los hará en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. Esperemos que en las modificaciones de la Ley de Adquisiciones se incluya la posibilidad de la asignación directa de contratos por parte del Presidente de la República. Por lo que leemos y nos informamos, una de las mayores inversiones del futuro gobierno se va a llevar a cabo sin la menor consulta; es más, sin un proyecto ejecutivo, base para cualquier inversión de tal tamaño. Sumado a lo anterior, según la opinión de los expertos, ningún tren de pasajeros es rentable. ¿Ello significa que el futuro gobierno va a entregar la obra al sector privado para luego subsidiarlo? Por último, según la información, Jiménez Pons será designado director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), mismo que supuestamente será trasladado a Nuevo Vallarta, en Nayarit. ¿Entonces, cómo le va a hacer para encargarse de ambas responsabilidades, importantes las dos y que están a más de dos mil cuatrocientos kilómetros de distancia?
Tren Maya
