No está ocurriendo una guerra ni estamos saliendo de una, pero las consecuencias de esta pandemia, con la cifra creciente de muertos y las repercusiones en todos los ámbitos de la vida en el mundo dan esa impresión.
Muchos de los problemas que se tenían antes de la crisis del Covid-19 se han acelerado de una manera impresionante. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, lo expresó claramente hace unos días: “es la desigualdad la que no deja de crecer, y nos está hundiendo a todos. Los altos niveles de desigualdad han contribuido a crear la fragilidad mundial que el Covid-19 está poniendo de manifiesto y aprovechando”.
Urgía el señor Guterres a las naciones a actuar de inmediato para paliar lo que se avecina para la estabilidad de las familias, sobre todo de aquellas que menos tienen. Calculaba que 100 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema y la posibilidad de que surgieran hambrunas de proporciones históricas.
La jefa economista del Banco Mundial, Carmen Reinhart, pedía a las 20 mayores potencias del mundo que ampliaran la moratoria de la deuda de los países más pobres e, incluso, ir mucho más allá en las medidas de apoyo a esas economías, y a las naciones latinoamericanas nos mandaba un mensaje en ese sentido diciendo que la estabilidad financiera del subcontinente está en juego, más allá de la deuda soberana, con crisis financieras y problemas bancarios.
En el reciente estudio de la CEPAL, el incremento de la pobreza extrema de la región entre el año pasado y éste es de 4.5% promedio, pero resulta que nuestro país es el que más crece, con 6.3%, pasando de 11.1 a 17.4 millones de personas. Es decir, la pandemia y la desigualdad harán que caigan en tal situación más de seis millones de ciudadanos, lo cual, a todas luces, es inaceptable y el gobierno tiene que hacer algo por reducir el flagelo, ya que estar en pobreza extrema es no tener para comer, no poder adquirir la canasta alimentaria básica.
Lo anterior incrementará el índice de Gini, que mide la desigualdad, en todos los países de la región, y México será de los países más afectados; la variación proyectada para 2020 estará entre 5 y 6 por ciento.
Hasta ahora hemos visto poco apoyo por parte del gobierno; tal parece que no se están dando cuenta de la gravedad de la situación, aún cuando vemos los datos reflejados en el estudio de la Cepal, donde se da cuenta del esfuerzo fiscal que han hecho las naciones latinoamericanas, que van desde más del 10% de PIB a un pobre 1.1% que México ha destinado a medidas para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia, lo cual es a todas luces insuficiente.
Ya no digamos lo hecho hasta hoy por los países desarrollados, destinando cantidades multimillonarias para paliar la situación de sus poblaciones y empresas, en muchos casos incrementando la deuda como instrumento necesario. Tan sólo en España el gasto adicional ha originado que su deuda pública represente más del 100% con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB).
La atención a millones de personas que han perdido su empleo formal o informal, la imposibilidad para miles de la clase media de pagar sus adeudos de las tarjetas de crédito, la renta o las colegiaturas de sus hijos, es urgente y no se soluciona reduciéndole el salario a los servidores públicos, quienes de por sí, en su gran mayoría, viven con estrechez.
Necesitamos que el gobierno, que se dice de izquierda, no siga con la misma política económica del tan denostado neoliberalismo y, en lugar de gastar para que haya empleo y crecimiento, propone ahorrar en computadoras y gasolina.
La magnitud de la crisis social y económica que se nos viene si no hay un cambio radical en la economía, será de consecuencias inimaginables. Urge hacerlo.