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Luis León

Después de agotar la auditoría de la licitación y construcción del Paso Exprés y al no solventar las observaciones realizadas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró elementos suficientes para iniciar procesos sancionatorios por responsabilidad administrativa contra ocho funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Se trata apenas de una parte de la investigación efectuada por la Función Pública.

A finales del año pasado, la institución dio a conocer que presentó 22 observaciones a la SCT como resultado de su auditoría para que fueran solventadas. 
El tiempo se agotó y con las respuestas ofrecidas se inició el proceso de sanción por el caso del socavón de Cuernavaca, ocurrido el 12 de julio de 2017 y que le costó la vida a dos personas.

Por ahora, de esas 22 observaciones, en 11 existen elementos suficientes para presumir algún tipo de responsabilidad por parte de los funcionarios durante el proceso de licitación y ejecución de la obra conocida como el Paso Exprés de Cuernavaca, por lo que fueron turnadas a los órganos internos para que ante ellos las personas señaladas ofrezcan pruebas y se 
determine el grado de responsabilidad que tienen.

Las otras 11 observaciones continúan en etapa de investigación y “podrían derivar en el inicio de nuevos procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores de la SCT”, precisó la dependencia.

La titular de la SFP, Arely Gómez, señaló que la SCT contó con el tiempo legal para responder a las 22 observaciones que se hicieron desde el pasado mes de septiembre, y que suman un posible daño patrimonial de mil 34 millones de pesos en cuatro contratos firmados por la dependencia federal.

El Paso Exprés fue construido por las empresas Aldesa y Epccor. Algunas de las irregularidades detectadas también consideran las conclusiones de dos revisiones llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación, de las que se desprenden responsabilidades administrativas sancionatorias por obra no pagada, obra sufragada y no ejecutada, y modificaciones al proyecto de obras sin la autorización correspondiente.

Después de concluidas las investigaciones y procedimientos sancionatorios, de encontrarse elementos suficientes, la ley prevé que la Secretaría de la Función Pública presente denuncias penales contra los servidores públicos involucrados.

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