Jair Avalos | Corresponsal
Veracruz. A pesar de la existencia de una fiscalía especializada para inevstigar los delitos contra periodistas, poco se ha avanzado en esclarecer los crímenes y al presidente Enrique Peña Nieto “se le está acabando el tiempo” para romper el ciclo de impunidad, concluye el informe especial del Comité para la Protección a los Periodistas
“A Peña Nieto y su gobierno –sostiene el documento--, se les está acabando el tiempo para resolver estos problemas”.
Agrega que el Ejecutivo “ha hecho poco para asegurar que su legado incluya erradicar este problema endémico (impunidad)” que marca a casi todos los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas ligadas a su labor informativa.
El CPJ analizó tres casos de periodistas asesinados en México, dos en Veracruz y uno en Oaxaca, y que han sido llevados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión y las Procuradurías estatales.
Veracruz una de las regiones más mortales
Este informe coloca a Veracruz como “una de las regiones más mortales del mundo para el ejercicio del periodismo”.
En los tres casos que analizó el organismo, con sede en Nueva York, se evidencia cómo las autoridades abordaron los asesinatos y los avances que existen hasta el momento para poder esclarecer las investigaciones. Que, en todos los casos son pocos.
El informe, titulado, “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas” , expone también los factores de riesgo para las familias, los medios locales y qué eventos pudieron marcar a los comunicadores.
“El CPJ investiga otros 11 casos para determinar si los periodistas fueron asesinados por su trabajo periodístico. Ya en lo que va de año, un periodista ha sido asesinado a balazos y un editor ha sido herido de gravedad”, dice el texto.
Desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión en 2010, sólo han obtenido “justicia en tres casos”.
Moisés Sánchez: Retrasos y errores
A Moisés Sánchez le retardaron la justicia porque las fiscalías especializadas en delitos contra comunicadores no estaban seguros de que fuera periodista. Lo que dio pie a que el principal acusado de su asesinato, el exalcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, huyera al extranjero.
Moisés Sánchez fue secuestrado en su casa en Medellín el 3 de enero de 2015 y encontrado muerto el 24 de enero en un paraje del municipio de Manlio Fabio Altamirano.
“Sin embargo, un informe del organismo gubernamental autónomo Comisión Estatal para la Atención y la Protección de los Periodistas (CEAPP), halló que varias líneas de investigación se examinaron insuficientemente, entre ellas la presunta implicación del entonces gobernador estatal Javier Duarte de Ochoa”, sentencia el CPJ.
Moisés Sánchez Cerezo creó su periódico La Unión desde finales de los años ochenta, como una suerte de artículos hechos a mano, fotografías y caricaturas pegadas a una hoja de papel que era fotocopiada y repartida personalmente por él.
La cobertura de Moisés Sánchez se centraba principalmente en la falta de servicios públicos e incumplimiento de las promesas de campaña de los alcaldes en turno. Sin embargo, cuando incrementaron los índices de violencia en Medellín, Moisés comenzó a convocar grupos de autodefensas en la comunidad.
“Sánchez también utilizaba su periódico y su papel como ciudadano activo para exigir que el alcalde le permitiera a la Marina hacerse cargo de la seguridad de la ciudad como parte de la operación llamada Veracruz Seguro”, dice el informe.
Desde el secuestro de Moisés, la familia se reunió con autoridades estatales, con el procurador de ese momento Luis Ángel Bravo Contreras, y hasta con el gobernador Javier Duarte.
“El gobernador provocó enojo entre los periodistas veracruzanos al referirse inicialmente a Sánchez como a un “taxista y activista de colonia”. Al principio Bravo también se negó a reconocer que Sánchez era periodista y declaró a los medios que la prioridad era encontrar a la víctima ‘sin distinción de sus actividades’”.
El único detenido, Clemente Noé Rodríguez, un exagente municipal convertido en narcotraficante, vinculó el asesinato de Moisés Sánchez con el exedil Omar Cruz. Un segundo elemento, Martín López Meneses fue detenido y posteriormente liberado por no tener los suficientes elementos en su contra.
La familia de Sánchez tiene “poca esperanza” de que la FEADLE reabra el caso y detenga a los asesinos del comunicador medellinense.
Marcos Hernández Bautista: el reportero rebelde
Marcos Hernández ignoraba las amenazas de muerte, dice el informe. Él se dedicaba al activismo, a ser director de cultura en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, y su actividad reporteril. Como reportero siempre denunció “sobre la corrupción gubernamental en localidades cercanas a la región con costas al Pacífico perteneciente al estado de Oaxaca”. Marcos Hernández fue asesinado a balazos en la cabeza el 21 de enero de 2016. Sólo un ex jefe de la policía municipal fue detenido y sentenciado a 30 años de cárcel por el crimen.
Hernández era un reportero autodidacta, proveniente de una familia de escasos recursos, indígenas mixtecos que no pudieron pagarle una carrera a Marcos. Por ello, el joven se ofreció como voluntario en una radiodifusora local.
Aparte de periodistas, era un promotor de la cultura mixteca y militante del partido Morena. Pero su oficio periodístico le apasionaba, según dice el CPJ, “él transmitía noticias casi a diario y hasta repartía el periódico a lo largo de la costa”.
“Decir la verdad puede ser arriesgado en Oaxaca. Aparte de los conflictos indígenas, el estado cuenta con la presencia de rebeldes izquierdistas y una floreciente y ampliamente divulgada en los medios actividad de narcotráfico en la cual los narcotraficantes recogen la cocaína colombiana transportada mediante submarinos y aviones y la redistribuyen a Estados Unidos”, recoge el informe.
Tres días antes de que Marcos fuera asesinado, apareció una noticia en redes simulando ser de su autoría donde se denunciaba que un grupo de políticos locales habían robado 50 hectáreas del Instituto Indigenista local.
A Hernández se le vio preocupado por esa nota que no había publicado él, pero que se había difundido en su nombre.
Por la complejidad del estado, el crimen de Hernández no ha sido esclarecido por completo. El exdirector de la policía municipal fue sentenciado a 30 años de cárcel hasta 2017, cuando el crimen fue un año antes.
El periódico Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca le ha dado poco seguimiento al asesinato de Marcos y sus compañeros han decidido crear un red de defensa.
“Los periodistas de Oaxaca están estudiando maneras de protegerse mejor (…) los periodistas de la capital estatal están intercambiando contactos con sus colegas de las localidades distantes de Oaxaca con la idea de crear una red de respuesta rápida entre los periodistas que se active cuando sean blanco de amenazas”.
Goyo Jiménez: Silenciado en un acto de barbarie
La zona sur de Veracruz es la más violenta del estado. En Villa Allende, localidad de Coatzacoalcos, Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado el 5 de febrero de 2014 y encontrado muerto seis días después.
Goyo, como lo conocían sus amigos y familiares, vivía en una colonia irregular de Villa Allende. Como único periodista, estaba acostumbrado a firmar sus artículos con seudónimo.
La familia, compuesta por su esposa Carmela Hernández, tres de sus cuatro hijos, una nuera y un agente estatal que está bajo permanente resguardo, recuerda a Gregorio como un hombre que “le gustaba trabajar, casi nunca cogía un día de descanso”.
A Goyo lo encontraron en una fosa clandestina en Las Choapas, con el cadáver de un líder sindical local que había sido secuestrado unas semanas antes, un taxista y el cuerpo del periodista que estaba decapitado y con la lengua cortada.
Después de describir un apuñalamiento en un bar de la comunidad de El Palmar, Teresa de Jesús Hernández, se acercó a la casa del reportero y lo amenazó por el artículo publicado en el diario Notisur.
La mujer alcoholizada dijo que ella conocía a “Los Zetas” y aseguró que la banda lo mataría.
“Si bien el informe de la Misión de Observación sostiene que las autoridades habían arrestado a las personas indicadas por el asesinato, las criticó por no haber investigado más a fondo las denuncias de la familia respecto a otras amenazas”, dice el informe. La Procuraduría de Veracruz se convirtió en Fiscalía y una serie de renuncias vinieron tras la llegada de Luis Ángel Bravo Contreras. El caso de Gregorio Jiménez se empantanó. Hasta el momento no hay una sentencia entre los seis detenidos por el asesinato del reportero de Villa Allende.
Medidas insuficientes y recomendaciones a Peña, PGR y OEA
El CPJ concluye que aunque el gobierno federal respondió con la creación de una fiscalía especializada para los delitos de los periodistas, las medidas son insuficientes.
“La fiscalía especial para investigar ataques contra la prensa mexicana ha existido por más de un decenio. Fue establecida luego de que el entonces presidente Vicente Fox se comprometiera, en un encuentro sostenido con el CPJ en septiembre de 2005”, menciona el informe.
El CPJ ha recopilado “388 casos desde 2012, de ellos 220 correspondientes a periodistas. Para enero de 2017, el mecanismo les otorgaba alguna forma de protección a 499 personas y de ellas 174 eran periodistas”.
Ahora, la Feadle es una fiscalía con un riesgo de quedarse sin recursos, según el informe del CPJ, pues se han dedicado a cargar con los delitos que a prevenirlos.
El Comité para la Protección a los Periodistas hizo las siguientes recomendaciones al presidente Peña Nieto:
“Comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, comprometerse a resolver estos delitos y dar prioridad a la seguridad y la protección de los periodistas”, dicen.
Y piden, además, que los funcionarios se hagan responsables de los delitos contra periodistas en sus propias jurisdicciones.
Al procurador general de la República se le pide que la FEADLE “rinda cuentas de cualquier omisión en la investigación de estos delitos y que procese en la justicia a los autores”.
“Utilizar los plenos recursos del cargo para lograr procesamientos exitosos en los casos de José Moisés Sánchez Cerezo, Gregorio Jiménez de la Cruz, Marcos Hernández Bautista y otros periodistas asesinados, en los cuales se han identificado sospechosos y se han obtenido avances en las investigaciones”.
Además se recomienda que se capaciten a los fiscales encargados de los casos, se trabaje en conjunto con las Procuradurías estatales y se persiga y condene a los autores de los asesinatos a periodistas.
Al gobierno de Veracruz se le exige que trabaje en conjunto con los elementos de la Procuraduría General de la República y que la policía estatal investigue todos los casos de amenazas contra periodistas.
“Asegurar que las investigaciones de los asesinatos de periodistas se abran en forma inmediata y que las solicitudes de cualquier grabación de video se efectúen ante C4”, pide el CPJ además de recaudar los testimonios y datos de los sospechosos.
Finalmente, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a que el gobierno de México declare por las agresiones a periodistas “de conformidad con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“Fijar objetivos específicos para asegurar que México cumpla con las recomendaciones formuladas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, concluye el organismo. EC