Sedatu vendió y entregó terrenos en San Quintín que eran privados

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) entregó en 2015, diez títulos de propiedad de Bahía de San Quintín, Baja California, a nueve particulares a quienes vendió desde 1994, mil 700 hectáreas a 74 pesos cada una, a pesar de que eran propiedad privada. Una investigación publicada en Despierta de Carlos Loret, de Noticieros Televisa, revela que dichos terrenos fueron entregados a la familia Orendain desde 1947 por el presidente Miguel Alemán Valdés, a cambio de predios ubicados en el municipio de Magdalena, Jalisco, que fueron repartidos a campesinos como parte de la Reforma Agraria. Durante décadas las propiedades fueron pasando de mano en mano dentro de las generaciones familiares. En 1994, los beneficiarios que recibieron en 2015 dichas propiedades hicieron un primer intento para adquirirlas, argumentando que los terrenos habían vuelto a ser propiedad del estado al no haber sido vendidos por Orendain a terceros, en los 10 años siguientes a la fecha de entrega, como condicionó el presidente Alemán Valdés. Sin embargo, ninguna autoridad lo notificó a la familia en posesión. Los beneficiados son Francisco Sesma Vázquez, exlíder de la CNC del PRI; Héctor Bojórquez Quintero, Miguel Valadez Ríos, Manuel Fernández Ramírez, Guadalupe Díaz Castellanos, Daniel Salazar Goyry, Everardo Bayón Barrios, Mario Gerardo Rivera Garza y Juan Manuel Cota Pérez. Según Francisco Sesma, desde 1958 se emitió una declaración de terrenos nacionales, que señala que dichos predios volvieron a dominio de la nación. Sin embargo, en 2001, la Secretaría de la Reforma Agraria rechazó la solicitud de los 9 particulares para hacerse dueños, lo cual refrendó el reconocimiento de la propiedad privada a favor de Orendain. Los interesados se ampararon y pese a que la juez María Guadalupe Rivera González dictó cuatro sentencias a favor, el primer tribunal colegiado sobreseyó dicho amparo y refrendó la propiedad privada. Tras este fallo, Rafael Orendain como dueño de los terrenos había decidido construir un fraccionamiento sin embargo recibió una oferta que aceptó de la asociación Terra Peninsular, dedicada a la conservación, quien ofreció 9 millones de dólares por las hectáreas para destinarlas a la conservación, bajo el aval de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Sin embargo, los nueve compradores revivieron el tema a fines de 2014 y pidieron a la Sedatu revisar la resolución en contra del 2001 y fue su titular en ese momento, el priista José Carlos Ramírez Marín, quien anuló dicha negativa a la venta como terrenos del Estado. Tres meses después de asumir el cargo, fue Rosario Robles quien continuó el proceso y entregó los 10 títulos de propiedad a quienes pagaron en 1994 127 mil pesos. Actualizado con la inflación actualmente, el valor real sería a 450 pesos la hectárea. Luis Armando Bastarrachea, director general de la Propiedad Rural en Sedatu, integrante del equipo de Ramírez Marín aseguró que los títulos de propiedad se otorgaron porque en 1994 pagaron por las tierras sustentados en que estaban dentro del triángulo Tecate-Tijuana-Ensenada y eran propiedad de la nación. En tanto, Terra Peninsular, quien adquirió la propiedad en 2001 en compraventa de particulares, interpuso una denuncia penal y un nuevo amparo ante la titulación de sus terrenos. Su defensa denuncia que al solicitar copias de los expedientes anteriores, el décimo cuarto tribunal administrativo de la Ciudad de México respondió que algunos de los tomos desaparecieron. MR/EC