El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aceptó que la tortura se mantiene en las corporaciones de seguridad pública por lo que sigue siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos.
“No puede negarse que ha habido avances en nuestro país, que su práctica se ha reducido en muchas de las corporaciones de seguridad y que nuestro marco jurídico es ahora mucho más claro en su prohibición. Sin embargo, tenemos que reconocer que no hemos logrado su erradicación.
“Y que su práctica persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad pública; este reconocimiento no sólo se sustenta en las recomendaciones de los organismos internacionales, sino también de manera muy importante en los diagnósticos de organismos nacionales”, apuntó durante la Segunda Sesión del Seminario Permanente “La Construcción de Políticas Públicas desde el Enfoque de los Principios Constitucionales de Derechos Humanos”.
A partir de diagnósticos como los de la CNDH y la Comisión Ejecutiva a Atención a Víctimas, subrayó el subsecretario, todas las corporaciones se han sumado al rechazo absoluto a los actos de tortura y al compromiso de prevenirla y sancionarla.
“Para estos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye protocolos de actuación y de fortalecimiento institucional”, dijo el funcionario ante el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab.
El subsecretario sostuvo que falta la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que será publicada en los próximos días.
“Estamos convencidos que este proceso para llegar a esta ley es un proceso que nos permite decir a todos quienes participamos en él, que cumplió con la tarea, que llegamos a un articulado que responde a las expectativas de todos”, sostuvo.
“Todavía hay algunas corporaciones que consideran que la tortura es un instrumento de investigación, tenemos que reiterar que no lo es, que tenemos que erradicar la tortura; estamos ciertos que esta ley constituye un avance sólido”, dijo.
Campa aseguró que el Gobierno de la República busca erradicar la práctica de la tortura en cualquiera de las expresiones y en todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
“La tortura no le conviene a nadie, la tortura provoca graves consecuencias en todos sentidos, constituye un factor detonador de violencia y no de seguridad; una investigación basada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad.
“Por ello, todos los países que han logrado fortalecer su estado de derecho han adoptado como premisa apartarse definitivamente de esta práctica. La instrucción del Presidente de la República (...) es la de priorizar este tema en la política de derechos humanos”, añadió.
A pesar de numerosas recomendaciones, tortura persiste: ONU-DH
Por su parte, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), afirmó que la tortura persiste en el país a pesar de las acciones del Estado y las numerosas recomendaciones de distintos organismos.
“La tortura persiste, ¿es falta de capacidad o de voluntad?, ¿qué se necesita para llevar a cabo una investigación eficaz de la tortura?, ¿qué se necesita para brindar justicia a las víctimas?”, cuestionó.
“Se han brindado muchas respuestas, pero lo que más se necesita es un compromiso firme”, manifestó durante la Segunda Sesión del Seminario Permanente “La Construcción de Políticas Públicas desde el Enfoque de los Principios Constitucionales de Derechos Humanos”.
“Si no se supera la negación no se puede enfrentar el problema, no sólo de la tortura, sino también otras violaciones, la negación siempre constituye un retroceso. Se debe de iniciar una investigación de oficio cada vez que se presenta una denuncia o hay indicios”, dijo.(Con información de Reforma) RB