Un total de 419 millones 631 mil pesos fueron pagados en exceso por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que dirige Jorge Arganis, en el proyecto de “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
Ese monto equivale a la tercera parte del monto asignado por la federación para la ampliación de esta obra.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que al verificar si las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron, pagaron y finiquitaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, la Secretaría “no cumplió” con las reglas.
Ubicó el organismo que “se autorizaron pagos en exceso” por 129 millones 362 mil 900 pesos en el contrato de obra pública número DGTFM-14-14, “por concepto del nuevo porcentaje del costo indirecto y del financiamiento, toda vez en la revisión del costo indirecto la entidad fiscalizada no presentó la documentación que soporte los incrementos en los rubros de ‘personal técnico’, ‘depreciación o renta y operación de vehículos’ y ‘consultores, asesores, servicios y laboratorios’; asimismo, en el nuevo cálculo del financiamiento no se proporcionó la documentación que acredite los pagos por anticipos a proveedores”.
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La ASF detectó que la secretaría de Arganis también autorizó pagos en exceso por 110 millones 091 mil 600 pesos “en el contrato de obra pública núm. DGTFM-25-14 por concepto del nuevo porcentaje del financiamiento, debido a que en el cálculo la contratista no consideró los anticipos que recibió en febrero de 2016 y junio de 2020, ni comprobó los pagos a proveedores tomados en cuenta en dicho cálculo”.
También la dependencia federal autorizó 4 millones 272 mil 400 pesos para la supervisión de trabajos de la obra, aunque éstos ya se habían concluido. Y 3 millones más para “verificar la atención de deficiencias de obra, sin que se acreditara la ejecución de los servicios”.
Otros 172 millones de pesos también fueron pagados en exceso en dos contratos, los DGTFM-55-14 y DGTFM-19-16.
Estas anomalías podrán ser subsanadas por la Secretaría, pero al menos hasta el 14 de octubre de este año, la dependencia no entregó la información para respaldar el buen destino de los más de 419 millones de pesos, por lo que se generaron las observaciones de la ASF que podrían catalogarse en un daño al erario público.
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