Sobreseen multa a Telcel
Juez niega el amparo interpuesto por Iusacell y otras concesionarias por 12 mil mdp
Un Tribunal Federal negó el amparo promovido por Iusacell y otras empresas con la finalidad de lograr la permanencia de la multa de casi 12 mil millones de pesos impuesta a Radiomóvil Dipsa, propietaria de la marca Telcel.
Las concesionarias promovieron el juicio de amparo contra Radiomóvil Dipsa por prácticas monopólicas, como el incremento de costos por servicios y obstaculizar la actividad productiva y comercial de otras empresas de telecomunicaciones.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sobreseyó el recurso de revisión 52/2015, en razón de que los actos impugnados contra Telcel concluyeron con la aprobación del pliego de compromisos presentado por la empresa y que fueron desarrollados entre los años 2011 y 2014.
Radiomóvil Dipsa, interpuso el recurso para reconsiderar la resolución y se reformó la Ley Federal de Competencia Económica, que permite que en los procedimientos como el mencionado, en que se acusa a la empresa de prácticas irregulares, se pueda concluir mediante la formulación de compromisos.
En estos acuerdos, el operador de Telcel, se comprometió a garantizar que los mercados fueran más competitivos y a suprimir las prácticas de concentración.
En la resolución se dejó intacta la decisión de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), quien aprobó los convenios, dejó sin efectos la multa y dio por concluido el procedimiento de investigación y sanción, considerando que a través de ese medio el mercado de las telecomunicaciones recobraría las condiciones de participación de otros agentes económicos.
Entre los compromisos de Radiomóvil Dipsa que habrían de desplegarse entre 2011 y 2014, se presentaron beneficios a los agentes económicos que debían acudir a la firma para explotar las respectivas concesiones, utilizando su infraestructura.
En contra de esa aprobación y de la disposición legal relativa, Iusacel y otras empresas promovieron un juicio de amparo indirecto, en el cual, una vez agotados los trámites, el juez de origen decretó el sobreseimiento.
