Por ahora, el gobierno de México no contempla la posibilidad de establecer un acuerdo que evite el juicio con los ocho fabricantes de armas estadounidenses que demandó por negligencia desde agosto de 2021, reveló hoy Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Cancillería mexicana, al asegurar que la instrucción como coordinador del litigio es llevar la demanda hasta “sus últimas consecuencias ante las instancias judiciales correspondientes”.
Este martes se celebró la audiencia en la que el juez federal de Boston, F. Dennis Saylor escuchó, a través de una videoconferencia de alrededor de hora y media, los alegatos de forma oral sobre las nueve mociones que presentaron las empresas fabricantes de armas en busca de que se desestime la demanda en su contra; así como los argumentos de los abogados del gobierno de México, como parte demandante.
90 minutos duró la audiencia, ahora el juez decidirá si continúa el caso.
La diligencia no fue sencilla para las partes, especialmente los mexicanos, pues el juez Saylor se mostró interesado en los alcances de la demanda y cuestionó en varias ocasiones a los representantes del gobierno mexicano, ante el riesgo de que un fallo abra la puerta para que las compañías americanas sean demandadas por otros países o ciudadanos; incluso ejemplificó con la guerra de Ucrania, en donde se está utilizando armamento estadounidense.
Sin embargo, tras la audiencia, Celorio Alcántara sostuvo: “nos sentimos muy confiados en los argumentos legales y no creo que valga la pena considerar otra acción que no sea la resolución del juez”.
En una videoconferencia, el funcionario mexicano, sostuvo que se trató de una audiencia respetuosa por ambas partes, en un intercambio de aspectos “técnico-legales” que deberán ser analizados por parte del juez para definir si continua o no la siguiente etapa del proceso, lo que podría implicar un plazo de varias semanas.
Por parte de los representantes legales de armerías como Smith & Wesson y Glock Inc., entre otras, reiteraron los argumentos respecto a la legitimización procesal activa de México, lo cual cuestiona la posibilidad de que un gobierno extranjero para demandar a una empresa estadounidense, y el nexo causal que no les implica una responsabilidad respecto al uso de sus productos (armas) fuera del país, lo cual fue contradicho por los abogados de México al sostener la negligencia de no monitorear ni sancionar a sus distribuidores y vendedores cuando saben que sus armas son traficadas hacia nuestro país y son generadores de la violencia armada.
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