El Ministro Luis María Aguilar Morales argumentó que esa figura jurídica “golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada”
La organización considera que se vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia
