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Bernardo Naranjo

Urge aire fresco. Y está llegando ahora mismo con la renovación de una importante cantidad de autoridades educativas. Las elecciones renuevan 15 gubernaturas y un Congreso que decide sobre los recursos de todo el sistema educativo. A ello se suma el reciente relevo en la Secretaría de Educación Pública. Todo ello aporta una gran —y última— oportunidad para relanzar la política educativa de esta administración.  

En 2018 hubo una primera oportunidad que no se capitalizó del todo. El discurso oficial se centró en pocas acciones inmediatas acompañadas de otras ideas menos precisas. Lo inmediato era revertir la reforma de 2013, reformar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y crear la beca universal para la educación media superior. Otras propuestas menos claras tenían que ver con la construcción de un modelo de “Nueva Escuela Mexicana” (NEM), la “revalorización” del magisterio, la mudanza de la SEP a Puebla, la descarga administrativa o los nuevos esquemas que se utilizarían para el ingreso y la promoción de los docentes. 

Lo primero se cumplió. Desde diciembre de 2018 se presentó la iniciativa de ley para eliminar no sólo la evaluación para la permanencia docente, sino toda la evaluación de ingreso y promoción. El INEE desaparecería para crear un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 ya preveía un severo recorte a muy diversos programas para asignarlos a la Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de media superior. 

Una vez concretadas la reforma y la asignación presupuestal, ambas a cargo del Legislativo, lo demás ha avanzado con lentitud y algunos temas no se han logrado transmitir con la claridad necesaria. ¿Qué debe hacer una escuela o un estado para avanzar hacia la NEM? ¿Hay recursos o apoyos para ello? ¿En qué acciones se traduce la revalorización magisterial? ¿De qué manera puede beneficiarse una escuela de un nuevo esquema de descarga administrativa que ahorre tiempo y recursos? ¿Hay claridad y transparencia en los mecanismos de admisión y promoción?

Nuevas personas en el Congreso, en SEP y en los estados abren en el sistema educativo una ventana de oportunidad privilegiada para construir. Ya no se trata de revertir la herencia de pasadas administraciones como prioridad, como ocurrió hace tres años, sino de establecer la propia. Hay suficiente tiempo por delante en la administración: los más de tres años que le quedan exceden los 35 meses que tenía Ernesto Zedillo para efectuar la federalización de todo el sistema educativo cuando fue nombrado en SEP a inicios de 1992, y también superan los menos de tres años que duró la gestión de José Vasconcelos al frente de la dependencia.

En poco tiempo, Vasconcelos pudo dar forma al sistema educativo mexicano y encaminar la política educativa del Siglo XX. Zedillo, por su parte, pudo transferir la operación del sistema a los estados en una tarea que se antojaba compleja aun para un periodo sexenal completo. En ambos casos había una coincidencia: los personajes tenían muy clara la tarea a realizar. El primero por su vasta formación cultural y su experiencia en temas educativos; el segundo por haber recibido el cargo con ese objetivo específico. 

La comparación me parece válida porque hoy hay una tarea concreta, simple de expresarse pero con enormes implicaciones: lograr cuanto antes la reactivación de las actividades presenciales en las escuelas de todo el país, con estrategias claras para cuidar la salud de todos, recuperar a los alumnos que se han desvinculado y nivelar a quienes muestran rezago académico grave. Y aspirar a que el tipo de escuela resultante de este proceso se convierta en la Nueva Escuela Mexicana. 

Para definir a la NEM se ha hecho un uso extensivo de adjetivos, que sin embargo deben aterrizar cuanto antes en lineamientos, herramientas y apoyos que orienten a estados y escuelas para poner manos a la obra. La investigación, la experiencia y la contingencia han ayudado a identificar necesidades y oportunidades para el cambio educativo. Queremos escuelas en las que se privilegie la salud física y el bienestar emocional de alumnos y docentes; se ofrezca atención académica diferenciada a estudiantes que tienen necesidades distintas; se estimule y apoye el trabajo por proyectos en el aula para que los estudiantes trabajen interdisciplinariamente en temas que tengan alguna vinculación con su vida o sus intereses; se articulen mejor los esfuerzos de las distintas instancias del sistema para que docentes y directores cuenten con los apoyos necesarios para su trabajo; y se integre de mejor manera la participación de las familias y las comunidades en la vida escolar. Lo anterior en el marco de una enseñanza cuyos contenidos se hagan menos dispersos y más pertinentes, lo cual ayudará a que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes esenciales para su vida personal y profesional.

Para avanzar en este propósito es posible convocar, escuchar y colaborar con autoridades estatales y docentes. En este último grupo no basta con conversar con líderes sindicales; hay que hacerlo también con quienes están al frente de un grupo, escuela, zona escolar o sector. Las autoridades estatales, por su parte, tienen muy buena disposición a la colaboración con la Federación y aportan experiencia operativa que es muy valiosa para implementar las acciones. Hay nobleza, capacidad y vocación en el sector educativo para participar en la construcción colectiva de un esfuerzo de esta dimensión. Una clave para que esta construcción sea eficaz, es que se efectúe un intercambio real de opiniones y no sólo se transmitan instrucciones. La horizontalidad aporta legitimidad y efectividad.

Tiempos extra

Si bien todos los estados tendrán el interés y la responsabilidad de participar de la construcción del modelo de NEM, aquellos gobernados por Morena tendrían que ponerlo como prioridad. Deben empujar el tema y complementar los esfuerzos federales con iniciativas, en vez de esperar indicaciones del centro. Se trata de darle identidad a la gestión educativa federal con un proyecto educativo que vaya más allá de la distribución de recursos en efectivo a familias y escuelas. 

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