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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) cuenta con la identificación de uno o algunos de los participantes en el secuestro del estudiante Norberto Ronquillo Hernández, quien fue hallado muerto el pasado lunes 10 de junio. A ocho días del plagio, la dependencia tiene dos líneas de investigación sólidas sobre las que prevé dar a conocer resultados en los próximos días.
De acuerdo con la titular de la PGJCDMX, Ernestina Godoy, los indicios sobre los probables responsables de cobrar el rescate del joven de 22 años, quien fue secuestrado cuando salía de la Universidad del Pedregal, fue a través del análisis a las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2), así como de cámaras particulares en donde ocurrió la secuencia de hechos, con lo cual pudieron ubicar a algunos de los involucrados.
Fuentes de la Procuraduría refirieron que los motivos para considerarlo un caso “atípico”, como declaró su titular, es que los secuestradores privaron de la vida a la víctima de manera prematura —fue poco el tiempo en el que lo interceptaron y ya habían hecho la primera petición de rescate, debido a que en los secuestros extorsivos comunes hay una logística que involucra a varias células. En este caso se indaga a un número menor de posibles participantes.
En palabras de las autoridades, los indicios recabados hasta el momento apuntan a que alguien del círculo cercano del joven chihuahuaense habría estado involucrado en su secuestro debido a que el modus operandi de los que perpetraron el crimen evidenció inconsistencias y escasa pericia como para tratarse de un grupo dedicado a la comisión de ese tipo de delitos.
Para la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, una de las principales deficiencias que hubo en el caso de Norberto fue que la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría capitalina demostró “la debilidad” y la carencia de capacidades que en los últimos a predominado en la mayoría de esas grupos a nivel nacional, aunque reconoció que la problemática se ha focalizado en las entidades del centro del país y en la región norte, particularmente en Tamaulipas.
En el caso concreto de la capital del país sostuvo que además de que la unidad “no tiene los elementos suficientes, ni están capacitados, ni cuentan con la tecnología, y no lo tiene porque les restaron presupuesto, tampoco cumplen con los protocolos que marca la ley para prevenir y sancionar el delito de secuestro”.
Sobre el plagio de Norberto señaló que la unidad capitalina no se maneja mediante indicadores de eficacia, “no los tienen no hay plan para atender a las víctimas”, refirió, y muestra de ello fue que dejaron ir a un familiar solo a pagar el rescate cuando debió haber acompañamiento de algún agente encubierto para recabar información.
“No actuaron tan rápido como debieron, cuando desde la llamada que recibieron por el 911 les avisaron que estaban bajando (de su auto), a través del C5 debieron dar seguimiento e interceptas con las patrullas y ni siquiera el joven hubiera llegado a la casa de seguridad”, aseveró la activista.
Por esos motivos, los cuales sostuvo son problemas que se han heredado por años es que no se cuentan con unidades antisecuestro bien instrumentadas; en suma con la falta de coordinación que evidenciaron los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) con la Procuraduría al no haber preservado la cadena de custodia con el debido aseguramiento y resguardo del vehículo de la víctima, y en lugar de ello permitir que un familiar del joven desaparecido se lo llevará sin recabar ninguna evidencia.
Por eso “hago un llamado al secretario de seguridad, Alfonso Durazo para que nombre a un titular de la Coordinación Nacional
Antisecuestro, porque si
sólo hay un
encargado de despacho, que es como si tuviera un pie adentro y otro afuera, indudablemente deben nombrar a alguien que se encargue de coordinar y gestionar precisamente todos esos esfuerzos”.