Ante tantos frentes abiertos, ante la presencia de esta pluralidad de demandas de la sociedad, todas perfectamente legítimas y sustentadas, la respuesta debe ser contundente, debe ser inmediata y decidida, ante todo, debe ser congruente.
De entre muchos eventos que han colocado al Gobierno de la República en el ojo de la crítica internacional más avispada, dos constituyen los flancos más emblemáticos de aquello que refleja su mayor vulnerabilidad: uno, #Ayotzinapa, una muestra de la debilidad institucional y del atraso en el que viven muchos municipios del país, incapaces de responder a la población ante el asedio asfixiante de las bandas criminales, fenómeno que demuestra el primitivo Estado de Derecho que prevalece en México; y el otro, quizá el más grave, la revocación del fallo pronunciado en la licitación para la asignación de la concesión del ferrocarril México-Querétaro por presunta corrupción, como también la revelación de la compra de la “Casa Blanca” a una compañía contratista del Gobierno del Estado de México en épocas en las que el Presidente encabezaba la administración estatal, reflejo de un potencial tráfico de influencia que, de comprobarse, arrojaría una prueba de enriquecimiento ilegítimo, un acto repudiado por una sociedad que a lo largo de los últimos lustros se ha visto profundamente empobrecida.
La respuesta del Gobierno ante el reto de lograr o, por lo menos, intentar, construir --porque no se puede recuperar algo que jamás ha existido--, el tan traído y llevado Estado de Derecho, se anunció en diez puntos que dio a conocer el Presidente de la República el jueves de la semana pasada. La decepción, quizá, es que ninguno entraña una acción inmediata que se refleje en resultados palpables en el corto plazo a favor de la población más atormentada, resultados necesarios para recuperar el buen ánimo de renovación con el que se nos había contagiado los últimos dos años. La decepción, quizá, que de reconocer errores en la conducción del país por lo que respecta a los rubros de seguridad y corrupción, predominó el silencio.
De lo que se dijo, la proposición es interesante, pues la reorganización de la policía nacional y la posibilidad de sujetar a un proceso de verdadera fiscalización a las administraciones municipales, se antojan medidas indispensables para sanear la casa; sin embargo, la iniciativa es aventurada, habrán cuestionamientos históricamente sustentados en torno de la necesaria subsistencia del municipio libre y la absoluta vigencia del federalismo mexicano.
La idea más importante en el camino de lograr la construcción del Estado de Derecho, desde nuestro punto de vista, se halla en la proposición esencial de revolucionar la justicia cotidiana, y ésta debería ampliarse más allá del ámbito penal a todos los demás de aplicación del derecho a nivel nacional, en lo administrativo, lo civil y lo laboral, porque la percepción de impunidad no es privativa del ámbito criminal (quizá es estadísticamente mucho menor el número de controversias penales con relación a las anteriores). Sin embargo, el gran cuestionamiento tendrá que ver con la incidencia que el Presidente de la República pueda llegar a tener o no en esa materia, cuenta habida que la justicia cotidiana, la que le llega a la gente, es más bien de orden estatal. Deberemos esperar la iniciativa del Ejecutivo para el ordinario siguiente, el 1 de febrero de 2015.
El anuncio más importante, el de la corrupción, no se dio a conocer en la forma y con los alcances que realmente corresponden. En la lucha contra la corrupción, el mejor método de control entraña un proceso de fiscalización permanente, con la concurrencia de todos quienes gobiernan a México. El mejor control es el que se realiza conjuntamente y en el marco de un gobierno alternativo; ahí el valor de la proposición que se relegó al final, en una posición que no se ha sabido apreciar, que en el caos presente pasa desapercibida.
Ante la falla estructural en el ámbito de la corrupción, en el contexto de una sociedad crítica, severamente ofendida, el Ejecutivo se ha sometido al ejercicio de un control que hoy queda en la cancha de la oposición, así lo ha reflejado el anuncio del jueves pasado. El Presidente Peña Nieto ha decidido adherirse a la proposición que salga del Congreso respecto de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Hay quienes dicen que ha “pateado” el problema a otra cancha, que no lo ha enfrentado. No lo veo así, la irremediable apertura para que sea otro Poder el que se involucre en los procesos de control y auditoría de su gestión confirman una vía de solución al problema mismo, un camino que, no espontáneo, sí obligado, de cualquier modo permite la construcción de una vía que antes permaneció cerrada.
La oportunidad que los hechos aportan para lograr la edificación de un sistema de transparencia, de auténticos frenos y contrapesos en el ejercicio del gasto gubernamental, en el ánimo más recto de impedir favoritismos y desvíos en la asignación de recursos para la ejecución de compromisos contractuales, en el propósito de valorar que las obligaciones y los programas se cumplan, es inigualable. Hay que estar atentos al resultado del proceso para la aprobación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
La comunicación ha fallado y la crisis de legitimación no se logra remontar. A cuatro años de que el período llegue a un buen fin, los mexicanos exigen congruencia, en donde la claridad de las palabras demandaría el reconocimiento expreso del error, el castigo político contra quienes hubieran equivocado su deber público y la reconstrucción del proyecto desde una perspectiva cercana a las necesidades de la sociedad. Una valoración serena del Plan anunciado la semana pasada puede permitirnos ver que la intención subyacente, fue probablemente esa.